Menos ruido y más efectividad

Cada día la situación en nuestro vecino país Haití es peor, no solo porque el control de las bandas es casi absoluto y la violencia ha roto todos los termómetros y nada ha pasado, sino porque el consejo presidencial de transición instaurado en abril de 2024 prácticamente no ha logrado nada para devolver cierta institucionalidad, seguridad y estabilidad a esa nación.

La inseguridad, el terror, la hambruna, el desorden, la insalubridad, alcanzan niveles escandalosos que al parecer ya no alarman a nadie a pesar de que la violencia según las cifras publicadas solo en el pasado año 2024 causó más de 5,600 muertes, porque de alguna manera todos nos hemos acostumbrado a esa sempiterna crisis que ha provocado una tragedia humana indescriptible, y peor aún, insoluble, pues luego de años de iniciativas, misiones, y pactos fallidos nada ha cambiado, incluso la arraigada tendencia haitiana de culpar a otros por su mal destino, peor aún, se ha empeorado.

A pesar de que el deterioro de la crisis haitiana era previsible, durante años muchos ignoraron el peligro que representaba para nosotros, y así como increíblemente en Santo Domingo vivimos de espaldas al hermoso mar Caribe, en el país vivíamos de espaldas a esa tan cercana y grave realidad, pensando que podíamos seguir en el cómodo statu quo de suplirles sus carencias exportándoles productos y utilizar la mano de obra de sus inmigrantes ya no solo para la industria azucarera, sino prácticamente para toda la agricultura, sustentando en su uso el crecimiento de exportaciones bananeras y de otros rubros, así como del sector construcción, sin pagar un precio.

Nuestra política migratoria ha sido históricamente inefectiva porque ha estado fundada en una imposible dualidad, rigor de la ley por un lado, y total complicidad de quienes están llamados a aplicarla por el otro, y aunque desde hace dos décadas ha ido creciendo un sentimiento y discurso que enarbolando el nacionalismo ha tratado de buscar soluciones extremas como la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y que se ha opuesto a medidas de regularización del estatus migratorio de nacionales haitianos que viven y trabajan en el país, el número de estos inmigrantes no ha hecho más que crecer porque la terrible situación en ese país los obliga a desplazarse, y aquí consiguen puestos de trabajo.

Como estábamos acostumbrados a que el tema fronterizo se tratara con interés político, y que las medidas anunciadas en determinados momentos con la misma efervescencia que empezaban se caían, la continuidad y escalamiento de estas por parte de las actuales autoridades por primera vez desnuda la realidad de que si queremos realmente tener un control migratorio debemos transparentar cuántos trabajadores haitianos utilizan los sectores productivos, y cuánto tiempo tomaría desmontar ese número, y cuál es el costo de no poder contar con este y el tiempo requerido para desmontarlo.

La realidad es cada vez peor en Haití y las esperanzas de que el Consejo de Transición pueda celebrar las anunciadas elecciones antes de que finalice el año y de que se restablezca nuevamente el orden institucional con un presidente juramentado antes de febrero de 2026, fecha en la que expirará la transición son cada vez menores, como mayores las señales de real amenaza de la violencia extrema de ese país al nuestro, como evidencian la toma de control por bandas criminales del puesto aduanero de Malpasse que hace frontera con Jimaní y de la comuna Mirebalais, donde teníamos un consulado.
De nada sirven los discursos incendiarios que juegan a la política y al populismo, más que nunca se necesita que todos los sectores tengan la cabeza fría para entender la magnitud de la crisis haitiana y la imperiosa necesidad de la seguridad y el control fronterizo, así como para comprender las realidades y las necesidades para dejar atrás la doble moral. Ni la puerta rotatoria por la que han salido muchos deportados e impunemente otros tantos han regresado luego de pagar una coima puede seguir existiendo, como tampoco la continuidad de la expansión de la dependencia de importantes sectores productivos de una mano de obra ilegal. La incitación al odio de ciertos personajes y grupos de nada sirve, por el contrario, lo que hace falta es sensatez, rigurosidad en la aplicación de la ley, comprensión de las necesidades y de las cosas que deben cambiar, y sinceridad para hacer consistente el discurso con los hechos para que las medidas sean menos ruidosas, pero más efectivas.