Uno de los elementos más importantes de la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, es el que tiene que ver con las disposiciones que obligan a estas instituciones a rendir cuentas sobre el financiamiento público y privado que reciben. Este nuevo marco jurídico permite crear las condiciones para superar la opacidad con que han operado los partidos políticos en el manejo de los cuantiosos recursos económicos que reciben. La calidad y confianza en las organizaciones partidarias y en los procesos electorales tiene mucho que ver con la manera en que el dinero entra a la política.
La regulación y transparencia del financiamiento político permite que la competencia electoral se dé sobre la base de una mayor equidad. Es importante que existan reglas claras sobre la cantidad de recursos financieros que se pueden utilizar en una campaña, la manera en que este se distribuye y la publicidad que hacen los partidos de sus fuentes. La actual legislación ofrece la oportunidad de que el país vaya dando pasos que ayuden a cumplir con estas expectativas. El período de la precampaña permitirá poner en operación los mecanismos de control y fiscalización contenidos en la legislación de partidos.
La ley obliga a los partidos políticos a elaborar una nómina de contribuyentes privados con su identidad y el monto de sus contribuciones. Esta información debe estar disponible en el portal web de los partidos. Además, se establecen límites de gastos en la precampaña y topes en los aportes realizados por personas naturales. Esto no puede quedar solo en buenas intenciones, la Junta Central Electoral (JCE) debe garantizar el fiel cumplimiento de estas disposiciones. Por otro lado, los partidos están obligados a disponer de un 10% de su financiamiento público para la formación política. Al parecer, se está incumpliendo esta disposición y no hay consecuencias para sus violadores.
La Ley No. 33-18 establece la conformación de una unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dependiente de la JCE. Esta instancia debe ser fortalecida y contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para cumplir con eficiencia sus funciones. Esta unidad debe evaluar si los partidos cuentan con un sistema contable fiable y si han creado o no la cuenta única que manda la ley. Tiene la obligación de presionar para que los partidos acaten sus obligaciones de presentar presupuestos anuales e informes de gastos del período anterior. De no ser así, deben aplicar de manera firme las sanciones correspondientes. Esta es la única manera de aprender que las leyes no solo se aprueban, sino que se cumplen.
