Desde hace años hemos alertado sobre vinculación de militares, políticos, empresarios y delincuentes comunes en el incontrolable tráfico de inmigrantes indocumentados a través de la frontera con Haití.
El anuncio de la comisión creada por la Procuraduría General de la República para perseguir el delito de trata de personas, sobre el desmantelamiento de una supuesta banda conformada por militares y civiles en la frontera, nos da la razón.

El país está atiborrado de indocumentados a causa del lucrativo negocio que ha hecho ricos a esos militares corruptos que, lejos de servir a la patria, para lo que se enrolaron y se les paga, afectan los intereses nacionales con esa grave traición a la nación.

Es posible que las investigaciones arrojen otros responsables, pues nunca hemos entendido por qué mientras más vecinos son repatriados, más entran al país como Pedro por su casa. Cuando la autoridad se corrompe, el daño siempre es más grave para la sociedad y para el país.

Esta acción de continuar y profundizar las investigaciones para alivianar la carga que ha llevado el país por esa causa en materia de salud, alimentación, higiene, criminalidad. Además, la arrabalización de sectores que antes tenían otra cara, las calles, avenidas y elevados, ya convertidos en pequeños vertederos.

Ahora hay que esperar que esta comisión cumpla con el cometido de su acertada creación y el flujo incontrolable de indocumentados, parturientas y otros negocios oscuros que tienen lugar en la frontera comiencen a corregirse y con ello bajar la carga al país.

Estos militares y civiles corruptos deben ser degradados como ciudadanos, considerados traidores a la patria y recibir todo el peso de la ley, para que sirva de advertencia a quienes aprovechan la vulnerabilidad de la frontera para obtener beneficios pecuniarios. Es tiempo de dar la cara y ponerle definitivamente un alto a este problema. ¡Está bueno ya!

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