El presidente Luis Abinader tiene ante sí dos grandes dificultades a las cuales debe poner direccionalmente el frente y recurrir a los recursos que sean necesarios para resolverlas antes de que sea muy tarde.
La delincuencia cobra fuerza y cada vez más sectores reclaman la presencia de policías y militares que, al parecer, no transitan por estas calles de Dios, salvo algunas excepciones como es el caso de San Felipe, en Villa Mella.
Delincuentes criollos y extranjeros, sobre todo, procedentes de Haití, están llevando al país a una situación difícil, que afecta al turismo, la convivencia pacífica y, más aun, la seguridad ciudadana, como derecho inalienable de los dominicanos.
Cuando la violencia, el crimen y el irrespeto cobran fuerza, se hace imprescindible recurrir a los métodos reservados para situaciones de crisis y declarar la emergencia para recobrar a toda costa la paz y la sobrevivencia de la sociedad y ahora República Dominicana necesita de este ejercicio.
Por otro lado, la situación haitiana es cada vez más peligrosa por la indiferencia de la comunidad internacional y por ambición de empresarios, políticos y militares que han hecho de la inmigración incontrolable un negocio lujoso para ellos. Además, del aprovechamiento sin precedentes de la inversión criolla y los subsidios que Gobierno destina a la población dominicana.
Es tiempo de que el país asuma, hablamos de autoridades y ciudadanos, una actitud más definida y decisiva para poner fin al negocio de la frontera e impedir que criminales se vistan de buenos ciudadanos para cometer sus fechorías en el país. Los ejemplos sobran.
El miedo arropa la paz de los dominicanos y de extranjeros que aquí residen y es preciso que todos coloquemos el granito de arena que se requiere para resolver el problema, para retornar la paz y la tranquilidad a la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Llegó la hora de poner las cosas en su lugar. ¡Basta ya!
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