La salud mental en la República Dominicana ha sido históricamente relegada a un segundo plano en la agenda pública. A pesar de contar con la Ley No. 12-06 sobre Salud Mental, que establece en su artículo 2 la creación de la Subsecretaría de Salud Mental bajo el amparo del Ministerio de Salud Pública, los hechos recientes demuestran que el país no ha desarrollado los mecanismos efectivos para garantizar la protección de las personas que enfrentan trastornos mentales.
La trágica muerte de David de los Santos en abril de 2022, luego de ser detenido por la Policía Nacional y confinado en una celda donde fue salvajemente golpeado, puso en evidencia la incapacidad del sistema para actuar con humanidad y protocolos adecuados. Más recientemente, la muerte de la joven estadounidense Ellen Frances Hulett, quien falleció bajo custodia de la Dirección General de Migración tras pasar por diversas instituciones públicas sin recibir atención médica especializada, reafirma la gravedad del problema.
Ambos casos tienen un común denominador: la indiferencia institucional frente a personas en crisis psicótica. A pesar de que existía una orden judicial para que Hulett fuera evaluada médicamente, esta fue ignorada durante dos largos meses. ¿Cuántos más deberán morir antes de que se comprenda que la salud mental no puede seguir siendo tratada como una nota al margen?
La Sociedad Dominicana de Psiquiatría ha revelado que cerca del 20% de la población dominicana sufre algún tipo de trastorno mental. Este dato, lejos de ser una estadística fría, representa una realidad penosa.
La ansiedad, la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia no son problemas invisibles: son parte del tejido social dominicano.
Frente a este panorama, la Sociedad de Psiquiatría ha propuesto la creación de un protocolo estatal para la atención de crisis psicóticas, que contemple la conformación de equipos multidisciplinarios, integrados por psiquiatras, psicólogos y médicos, para asistir adecuadamente a las instituciones policiales, militares y migratorias al momento de recibir a personas con trastornos mentales.
En conclusión, no podemos permitir que el silencio institucional siga costando vidas. Es hora de mirar de frente esta realidad, de actuar con humanidad y responsabilidad. David y Ellen no son solo nombres: son llamados de alerta. Son el rostro de una deuda social que urge saldar. La indiferencia ya no es una opción.
Estamos a tiempo de adoptar políticas públicas firmes, sostenibles y humanas en materia de salud mental.
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