En nuestro país, afectado por el hacinamiento crónico de su población carcelaria, existe un centro penitenciario con capacidad para albergar 8,878 internos, la tercera parte del total, que ha permanecido sin uso durante casi cuatro años debido a que supuestamente esconde actos corruptos. Cuatro años sin haber sido capaces de realizar la auditoría correspondiente y sin intentar siquiera una fórmula práctica capaz de viabilizar el uso de un bien costoso, susceptible de atenuar un drama humano que requiere solución urgente. La inacción aquí es un crimen tan o más grande que el que se pretende desvelar. Algo totalmente inaceptable.

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