Un presidente puede nombrar jueces conforme a la Constitución, pero la sociedad tiene derecho a preguntarse qué tan independiente queda la justicia cuando los cambios ocurren desde el poder político. Si un gobernante no tiene nada que ocultar, ¿por qué debería preocuparle quién ocupará las principales posiciones judiciales luego de su mandato? La independencia judicial no se demuestra con discursos, sino con instituciones capaces de investigar, juzgar y decidir sin miedo a quien gobierna. Ningún presidente deb e necesitar un “chaleco antibalas” político para salir del poder. Y ningún ciudadano debería sentir que la justicia cambia de dirección según cambie el partido que controla el ejecutivo.
