Cuando se habla del “problema de la justicia” en el ámbito político, en los medios de comunicación y en conversaciones interpersonales, consciente o inconscientemente se hace referencia a la justicia “penal”, por ser la que tiene mayor incidencia social y política y conjugar posibles implicaciones económicas, morales y de libertad de los usuarios.
Por esto los mayores cuestionamientos a los actores del proceso se dirigen hacia los que actúan en la misma. Los jueces penales, por ejemplo, son cuestionados normalmente en los medios de comunicación motivando, incluso, investigaciones y sometimientos disciplinarios. Mientras que un juez de otro ámbito del sistema, como sería el civil, podría aumentar su fortuna sin una lógica explicación –por ejemplo- y no ser cuestionado ni por la prensa, que se interesa poco por estas áreas de la justicia, ni por el Consejo del Poder Judicial, que parece tener otros problemas. El origen y los factores que han incidido en las deficiencias notorias de la justicia tiene múltiples fuentes y todas contribuyen a erosionar de forma progresiva el capital moral de la justicia dominicana. Ahora, ¿cuál sería el problema de mayor relevancia del sistema de justicia dominicano, del cual, quizás, se desprendan todos los demás?
Factores internos y externos a este “poder” del Estado lo han colocado en el lugar que está. Entre estos: falta de recursos para dignificar la labor de los servidores judiciales y una constante presión desde los medios de comunicación, a veces ríspida. Sumado a muchos jueces apáticos, sin conciencia de clase y temerosos, entre otros aspectos a tomar en consideración. Sin embargo, desde nuestra óptica, el mal de origen de la justicia (de toda, no solo del área penal), radica en la militancia y compromiso político de quienes dirigen el “poder” judicial.
Mientras existan “jueces políticos” llevados a la cima del judicial como cuotas para garantizar impunidad, sin importar la salud de la República, toda la discusión posterior será “pluma de burros”. Estos políticos “enganchados a jueces supremos”, manejan los hilos administrativos del judicial y llevan sus malsanas influencias a niveles inferiores del escalafón, amenazando sutilmente con traslados y sometimientos disciplinarios a los jueces inferiores. A todo esto el juez “de abajo”, que es de carrera, distinto a los “enganchados” de “arriba”, empieza a “decidir” conforme a directrices, a veces subliminales. Incluso, a justificar teóricamente sus desafueros y parcialidades en los procesos que deciden, descargando toda su frustración en los “pobres diablos” sometidos al proceso penal. Por esto los fiscales ganan la mayoría de los procesos, no por objetivas y correctas investigaciones e instrumentación de las acusaciones, como debería ser.
Para mejorar el país se debe mejorar la justicia. Y para esto se debe variar la conformación de la Suprema Corte de Justicia, el adecentamiento debe empezar desde arriba y no habrá una justicia independiente y fuerte, mientras sus dirigentes principales –sin formación como jueces, por demás,- sean escogidos por el poder político entre sus militantes. Una justicia fuerte e independiente nos conviene a todos.
