Urgencia de atender la salud mental en RD

El año pasado, dije por este medio, que la crisis de salud mental se nos estaba yendo de las manos. Concluí diciendo: “Espero no ver un día algún caso mediático, que ocupe decenas de titulares y hashtags”.

Lamentablemente, ese caso ocurrió la semana pasada, afectando a varias familias. Todos vimos en las redes y los medios, los detalles del evento en el que estuvo involucrado un joven de 30 años, con diagnóstico psiquiátrico, que en un aparente episodio psicótico atacó a varias personas en el ensanche Naco. Una mujer perdió la vida, otras cinco resultaron heridas, entre ellas su propio padre.

Aunque con ciertas diferencias, este suceso me llevó a pensar en la forma en que murió Leo Herasme. Nos conocíamos de Twitter, justo nos juntaríamos en esa semana cuando su hermano, en un brote psicótico, causado por esquizofrenia lo agredió. Aquel hecho no trascendió más allá de la comunidad de amigos de Twitter, pero en esencia es la misma situación: una persona con un trastorno mental grave, bajo tratamiento, que colapsa sin un sistema capaz de responder de forma oportuna.

Los hechos concretos, de modo anecdótico, sirven para ilustrar un cuadro que quizá no se dimensione en su urgencia si solo nos quedamos con las cifras. De todos modos, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Salud Pública, el 20 por ciento de la población dominicana vive con algún trastorno mental.

A eso se suman datos como que en 2023 se registraron 669 suicidios. Eso equivale a una tasa de 6.4 por cada 100,000 habitantes. Las cifras proyectadas para 2024 se mantienen en niveles similares, lo que muestra que no hay una contención significativa. La depresión afecta a más de 460,000 personas, y en muchos casos no se recibe atención continua.

Una parte del problema es estructural. A pesar de contar con la Ley 12-06 sobre Salud Mental desde 2006, y con una declaración institucional del 10 de octubre como Día Nacional de Atención a la Salud Mental, aún no se implementa de manera completa el sistema de protección que la ley prevé. La normativa establece que debe haber un plan nacional, un presupuesto anual específico y un sistema de seguimiento. Pero el acceso a servicios continúa limitado. En la práctica, el grueso de la atención está concentrado en Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. El 80 por ciento de los psiquiatras del país reside en estas provincias. Lo mismo sucede con los psicólogos clínicos. Esto deja a una parte importante de la población con alternativas mínimas, o sin ninguna.

La red pública también enfrenta limitaciones. Las Unidades de Intervención en Crisis o los centros de salud mental comunitarios, previstos en la estrategia de atención primaria, no han sido desarrollados con la amplitud que se necesita. La capacidad hospitalaria especializada tampoco alcanza: el país tiene un déficit de aproximadamente 200 camas psiquiátricas.

En cuanto a cobertura, los seguros de salud incluyen internamientos solo en casos agudos o de agudización crónica. Algunas aseguradoras permiten consultas externas, pero con restricciones mensuales o anuales que en la mayoría de los casos no alcanzan para un tratamiento sostenido. El costo de una sesión psicológica en el sector privado oscila entre 5,000 y 10,000 pesos. Un tratamiento con frecuencia semanal implica un gasto mensual muy difícil de asumir para la mayoría de las familias.

En 2024, la inversión pública en salud mental fue de apenas 0.73 por ciento del presupuesto destinado a salud. Para 2025, se anunció un aumento de 300 por ciento en este renglón. Aun con ese incremento, la proporción sigue lejos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sitúa el nivel mínimo deseable entre un cinco y un diez por ciento del gasto total en salud.

República Dominicana está entre los países de la región con menor inversión en salud mental. De hecho, forma parte del 7.5 por ciento de países de América Latina y el Caribe que destinan menos del uno por ciento de su presupuesto sanitario a este tema. En otras palabras, tenemos una carga alta de trastornos mentales, una red pública limitada, una cobertura insuficiente y una inversión que, aunque en crecimiento, no alcanza.

El hecho mediático ocurrió, las cifras de suicidio, feminicidios, riñas y niveles de ansiedad siguen en aumento. Desde la pandemia, la ciudadanía tiene mucho más consciencia sobre la relevancia de invertir a nivel personal en salud mental.

Sin embargo, desear recibir atención no es suficiente, si se considera el costo de esta para cualquier ciudadano de a pie. Como que ya va siendo hora de dejar de lamentar casos y proceder a ofrecer opciones que realmente protejan a la gente.