Con la autorización del autor, el periodista y escritor Miguel Guerrero, elCaribe digital presenta “1978-1986. Crónica de una transición fallida”, puesta en circulación en octubre del 2020, en plena pandemia del COVID 19, y que ofreceremos por entregas. Acceda al índice y al prólogo aquí
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Capítulo VIII
1981
En medio del descontento ocurren graves incidentes
El 1981 comenzó con presiones de diversos sectores a favor de una reforma de la ley 861 a fin de que el país ofreciera un mayor atractivo a la inversión extranjera.
Según esos grupos, encabezados por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), la ley 861 representaba un freno a las inversiones extranjeras y, en consecuencia, un “factor limitante del desarrollo nacional”.
El 2 de abril fui invitado a dar una conferencia sobre el tema en la cual dije que ningún otro asunto había sido tan festinado y sometido a cuestionamiento por la propaganda ideológica como el del papel de las inversiones extranjeras, ya que mientras “más favorable resulte al país determinado ejemplo de inversión extranjera, más estará expuesto a la censura y a los ataques”, de sus detractores. En la charla pronunciada en la sesión cena semanal del Club Rotario Santo Domingo Mirador, en el salón Boechío del hotel Santo Domingo, dije que había en el país “muy buenos ejemplos” de inversión foránea, que ponían en entredicho la propaganda de sus ad- versarios y demostraban que existe un sentido de “responsabilidad social” en la actividad empresarial. Esa era la causa de que muchas empresas sean “blancos permanentes” de esos ataques.
Como consecuencia de puesta en vigencia de la ley 861, del 22 de julio de 1978, el flujo de inversión extranjera decrecía en forma “gradual pero sostenida”. Entre las limitaciones contempladas por la legislación se mencionaba la desestimulación a la inversión de capitales extranjeros, referentes a las ganancias de capital, que impe- dían a una compañía beneficiarse del aumento del valor de su inver- sión original y la limitación en 18 por ciento no acumulativo del derecho a la repatriación de dividendos anuales. Tales disposiciones no permitían a ninguna empresa resarcirse en los años buenos de las pérdidas sufridas en los tiempos malos, cosas muy frecuentes en la actividad empresarial.
También se consideraba la ley 861 “inflexible” en lo que con- cierne a la valoración del registro de inversión por lo cual no ofrecía protección a inversionistas de eventuales devaluaciones o fluctua- ciones en las tasas reales de cambio. Esas eran algunas de las res- tricciones de una ley muy controversial, cuya vigencia había tenido como consecuencia sino un estancamiento de la inversión extran- jera, por lo menos un crecimiento de la misma a niveles inferiores a los requerimientos del desarrollo nacional, según la opinión de la CNHE.
Dada esa situación se creía que el Gobierno considerara seria- mente, libre de toda consideración política, la necesidad de modi- ficar esa ley, para hacer más atractiva la inversión de capitales ex- tranjeros en la República Dominicana. Los factores distorsionantes de los términos del intercambio como son, entre otros, los altos precios del petróleo y las inciertas perspectivas de los mercados de la mayor parte de los productos básicos de exportación, hacían que esa tarea fuera impostergable.
En la República Dominicana el riesgo mayor de una empresa extranjera estaba en la medida de su capacidad de constituirse en competidora de empresas nativas ya establecidas. Pero fuera de esa posibilidad, no existía un peligro real alguno que hiciera necesaria la imposición de restricciones al flujo de inversiones foráneas siem- pre que estas se encausaran hacia áreas y necesidades prioritarias en las que los riesgos excesivos y la falta de tecnología apropiada o de recursos de capital hagan no atractiva a corto y a mediano plazo el campo de acción de los capitales nativos”.
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El 6 y el 7 de abril, graves incidentes callejeros sacudieron a Santo Domingo, con un saldo de cuatro muertos, incluyendo a un periodista, y más de una decena de heridos y alrededor de 200 de- tenidos, en la peor ola de violencia y agitación contra el presidente Antonio Guzmán en sus dos años y ocho meses de Gobierno.
El periodista muerto fue identificado como Marcelino Vega, de 23 años, reportero del vespertino La Noticia, quien fue alcanzado por un disparo en el corazón en las primeras horas de la mañana del segundo día de protestas. Otros reporteros y camarógrafos fueron golpeados por los agentes. Las otras víctimas fueron dos estudiantes y un menor de 14 años, vendedor de periódicos. Los disturbios aña- dieron un elemento de tensión a los delicados conflictos sociales y económicos que encaraba desde semanas atrás la administración del Partido Revolucionario Dominicano, dramatizados por una huelga indefinida de médicos y una paralización de las labores en el Ayun- tamiento de Santo Domingo, en demanda de mejoras salariales y el pago puntual de salarios.
Las escenas de violencia fueron descritas como las más intensas de los últimos años y parecieron reflejar la magnitud de la ola de descontento que tenía a prueba al régimen de Guzmán, debido principalmente a la crítica situación económica que atravesaba el país. Fuerzas especiales de la Policía, dotadas de armas largas y ga- ses lacrimógenos, combatieron en diferentes puntos de la ciudad y otras poblaciones del país con cientos de manifestantes que lanzaron piedras y otros objetos contra los agentes del orden. La Policía dijo que varios efectivos, incluyendo un oficial, estaban entre los heridos.
Los incidentes del segundo día superaron en intensidad y du- ración a las violentas manifestaciones de la víspera, en la que varios jóvenes resultaron heridos y golpeados y decenas detenidos al in- tensificarse la agitación que mantenían virtualmente paralizadas las actividades docentes en los planteles públicos. Estos choques siguieron a manifestaciones callejeras en protesta por la muerte a tiros de una estudiante universitaria, ocurrida el sábado anterior en la norteña ciudad de Mao, Valverde, donde fuerzas regulares repri- mieron a tiros una demostración universitaria en conmemoración del noveno aniversario del asesinato de una compañera.
La violencia sacudía a la capital desde mediados de la semana anterior, cuando grupos izquierdistas enfrentaron con rudeza a la Policía durante protestas y piquetes por la presencia en el puerto de Santo Domingo de dos buques de la Armada de Estados Unidos. Barrios enteros de Santo Domingo mostraban el aspecto de virtua- les campos de batalla, después que los incidentes dejaron las calles llenas de piedras, restos de bombas lacrimógenas y otros objetos lanzados por los manifestantes y los agentes policiales.
El Gobierno fue acusado de actuar con extrema severidad por grupos políticos, de oposición y entidades profesionales, como el Sindicato de Periodistas (SNPP) que canceló una cena que ofrecería en la noche el Jefe del Estado a los reporteros que cubrían el Palacio Nacional con motivo de cumplirse el domingo anterior, el día del Periodista. El SNPP protestó enérgicamente por la muerte de su asociado y el director de La Noticia, Silvio Herasme, para quien trabajaba el periodista asesinado, dijo que este hecho era parte de una escalada “represiva”. La Cámara de Diputados, controlada por el partido en el poder, censuró acremente los incidentes y en una resolución instó al Gobierno a poner fin a lo que calificó de “situa- ción de violencia que vive el país”, estableciendo responsabilidades y sanciones a los culpables de los desmanes.
En un esfuerzo por controlar la situación, las autoridades re- forzaron poco después del mediodía del segundo día de protestas el patrullaje en las calles de la capital y dispusieron el cierre de las escuelas públicas, en momentos en que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que ya enfrentara al Gobierno el año pasado con un paro prolongado, amenazaba con una huelga en demanda del cumplimiento de presuntas promesas de carácter laboral contraídas por el presidente de la República en aquella oportunidad para zanjar el conflicto.
Esa amenaza de huelga y los paros de los médicos, que afecta- ban los servicios de los centros asistenciales del Estado, y las protes- tas de los trabajadores del Ayuntamiento, que no habían cobrado todavía los sueldos de marzo pasado debido a la reducción de los subsidios que el Gobierno entregaba al cabildo, se conjugaron con los disturbios para crear un ambiente de intranquilidad social sin precedente.
La mayor parte de las protestas provenían de grupos tradicionalmente aliados o simpatizantes del Gobierno y del PRD. Guz- mán instó a los grupos en huelga, principalmente a los médicos a volver a sus labores, advirtiendo que su actitud era contraria a la ley y al bien público.
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El 8 de abril la calma retornó a la capital después de dos días de intensos disturbios laborales y estudiantiles, pero una atmósfera de tensión seguía respirándose en el país con el Gobierno del presi- dente Guzmán enfrentado a huelgas y presiones políticas sin prece- dentes en los últimos años. La represión de las protestas arrojaron una estela de sombras sobre la política de respeto a los derechos humanos del régimen social demócrata del Partido Revolucionario Dominicano. Los hechos se sumaron a los problemas ya críticos que encaraba el Gobierno en el plano de la economía y que se ma- nifestaban en forma de paros y amenazas de huelgas.
El Gobierno dispuso el cierre hasta el lunes 20 de abril de todos los planteles escolares públicos del país, a fin de evitar la repetición de incidentes, pero la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), controlada por la izquierda y que dominaba la casi totalidad de los grupos estudiantiles, llamó a una movilización general para protestar contra la actuación policial y la presunta injerencia nor- teamericana en los asuntos domésticos. El llamamiento planteó la posibilidad de nuevos estallidos de violencia.
Por su parte, la Asociación de Diarios, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), partidos políticos y organizaciones de izquierda calificaron la muerte del periodista Marcelino Vega, de 23 años, como “un asesinato”. Vega y otras dos personas fueron muertas cuando tropas policiales dispararon el martes 7 de abril contra grupos de trabajadores del ayuntamiento que deman- daban el pago de jornales atrasados. El Gobierno accedió a conceder al cabildo los fondos necesarios para atender dichos reclamos, pero los obreros decidieron prolongar el paro de labores, que mantenía a la ciudad de Santo Domingo convertida en un virtual vertedero, hasta tanto las autoridades no pusieran en libertad a sus colegas detenidos durante los disturbios.
El SNPP pidió además al presidente Guzmán actuar enérgicamente contra los responsables de tales desmanes y en un documento la destitución del jefe de la Policía, mayor general Virgilio Payano Rojas.
Asimismo, la Asociación Médica Dominicana (AMD) decidió continuar con la huelga que mantenía desde hacía más de una se- mana paralizando las labores en todos los centros hospitalarios del Estado y reiteró su decisión de recurrir al recurso extremo de sus- pender los servicios de emergencia, acusando de “intransigencia” al Gobierno por negarse a acceder a las demandas de aumentos salariales para la clase. Guzmán instó a los médicos a retornar a sus labores advirtiendo que el paro perjudicaba a 195 sectores “más necesitados” y dijo que el Gobierno accedió a todas las demandas de los galenos, menos la del aumento salarial debido a la precaria situación económica del Estado, aunque prometió considerar dicha petición para incluirla en el presupuesto del año entrante.
Las huelgas y las presiones cada vez más fuertes por los altos índices de desempleo y el alto costo de la vida parecían descender el nivel de popularidad del Gobierno del PRD, lo que lucía más evidente ante el cúmulo de quejas por la severidad con que fueron reprimidas las demostraciones antigubernamentales. El propio par- tido gubernamental censuró los hechos en un comunicado en que advertía al Gobierno que los incidentes más recientes “son revelado- res de una lamentable y sistemática descomposición del ejercicio de la autoridad policial encargada de velar por el orden público”. Los principales diarios del país condenaron los hechos en enérgicos edito- riales y en ediciones prácticamente dedicadas a reseñar los incidentes.
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Los tres meses siguientes fueron de pruebas difíciles para Guzmán, mientras se ahondaban sus diferencias con el PRD. Y en agos- to aumentaron las presiones empresariales a favor de una reforma de la Ley 861 sobre inversiones extranjeras a fin de promover un mayor flujo de capitales foráneos para paliar las graves dificultades económicas presentes y a mejorar las perspectivas a corto y mediano plazos. Las restricciones legales constituían un freno al estableci- miento de nuevas empresas foráneas, no obstante el hecho de que el Gobierno del presidente Guzmán reconocía públicamente la im- portancia de propiciar una mayor afluencia de capitales extranjeros para dinamizar la economía.
La cuestión volvió a ser tema de debate nacional a raíz de un discurso pronunciado ante la Cámara Americana de Comercio por el joven empresario dominicano, Carlos Morales Troncoso, presi- dente de la Gulf and Western Americas Corporation que operaba negocios azucareros y turísticos. Morales dijo que “sería deseable que otras empresas de capital extranjero, al igual que Gulf and Western, pudiesen establecerse en el país al amparo de su evidente clima de estabilidad institucional y de la hospitalidad de nuestro pueblo…”
Sin embargo, advirtió que la Ley 861 “lamentablemente es un freno que más que regular limita e impide la inversión extranjera sana, productiva y de intachable historial de honestidad”. En este sentido, afirmó Morales, graduado en ingeniería química en la Uni- versidad del Estado de Louisiana (LSU), “no afecta tanto al inversio- nista extranjero como a los millares de dominicanos desempleados que aspiran a tener un ingreso y un trabajo decorosos”.
En reiteradas oportunidades, el Gobierno había reconocido la conveniencia de adoptar medidas tendentes a suavizar los rigores de la ley a fin de hacerla más atractiva para los inversionistas extranje- ros. Pero a ello no seguía ninguna acción encaminada a enmendar dicha legislación a pesar de que una iniciativa de esta naturaleza tendría la aparente simpatía de una cantidad apreciable de legisla- dores. Las empresas extranjeras eran objeto de virulentos ataques por parte del Partido Comunista Dominicano (PCD), legalizado durante la administración del presidente Joaquín Balaguer, a quien sustituyó Guzmán el 16 de agosto de 1978. Muchas de esas críti- cas encontraban eco en otros grupos de izquierda y partidos con posibilidades electorales. Todo eso, contribuía a crear un clima de desconfianza lo que unido a las restricciones de la ley dificultaban los esfuerzos gubernamentales por atraer nuevas inversiones.
Morales salió tácitamente al paso a las críticas contra el rol de las empresas extranjeras en el proceso de desarrollo dominicano, citando cifras y hechos que resaltaron los aportes de la empresa que dirigía a la economía nacional. Indicó, por ejemplo, que en las in- versiones realizadas por la Gulf and Western en el área del turismo y en una zona franca industrial, se habían creado en los últimos años más de 13,000 nuevas plazas para obreros dominicanos, lo que constituía, una contribución a los esfuerzos para resolver el grave problema del desempleo, uno de los flagelos de la débil economía del país. “Aparte de crear empleos, aumentar la producción nacional y contribuir con ingresos significativos en diversos ordenes, podrán ustedes preguntarse a qué compromiso con el desarrollo nacional nos estamos refiriendo”, expuso Carlos Morales ante las más con- currida de las sesiones almuerzo realizada por la Cámara Americana de Comercio hasta entonces.
Los esfuerzos por lograr una enmienda a la Ley 861 fueron re- activados con los planteamientos de Morales, los cuales recibieron acogida no solo a nivel empresarial, sino a diferentes niveles polí- ticos, aunque no quedaba muy claro que dada la proximidad del inicio del proceso electoral y estando el país virtualmente inmerso en una extemporánea campaña proselitista con vista a los comicios generales del 16 de mayo del 1982, el Gobierno se sintiera inclina- do a reabrir un debate congresual sobre un tema tan sensitivo.
Las mayores objeciones a la ley se relacionaban con las regulaciones que imponía al establecimiento de nuevos capitales forá- neos. La Cámara Americana de Comercio objetaba principalmente la disposición que obligaba a los nuevos inversionistas a registrar el monto de su inversión en pesos dominicanos, por considerar que no ofrecía garantía alguna.
En medios económicos y políticos se estimaba, empero, que el país no podría sobrevivir a las graves dificultades que se avecinaban como consecuencia de las altas facturas por concepto de importación de petróleo y una sensible baja en los precios de muchos de sus productos tradicionales y básicos de exportación, sin la ayuda de una fuerte y sostenida corriente de inversión extranjera que contribuyera a generar empleos.
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A finales de agosto, el Gobierno del presidente Guzmán enfrentó su primera desavenencia con la Iglesia Católica, como con- secuencia de la deportación de una religiosa canadiense, Aurrien Larkin, contra quien, según algunos medios periodísticos, se ejerció violencia física mientras estuvo bajo jurisdicción policial. La reli- giosa fue detenida en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad del país. A causa de su expulsión del territorio nacional, residentes de diversos sectores de esa ciudad amenazaban con efectuar movili- zaciones de protestas. Las autoridades acusaban a la religiosa canadiense de realizar acciones reñidas con las leyes dominicanas, cargos sustentados públicamente por el propio presidente Guzmán en una conversación con un grupo de periodistas. Pero tales acusaciones no se especificaban y la jerarquía eclesiástica se quejó de la inexistencia de pruebas que confirmaran la acusación.
En un esfuerzo por restarle importancia al asunto, Guzmán primeramente negó que la religiosa hubiera sido deportada, seña- lando que de acuerdo con informaciones llegadas a su despacho, ésta había salido de “vacaciones”. Frente a la ola de protestas desa- tadas, el Gobierno admitió luego que se había actuado contra ella debido a sus actividades contrarias a la seguridad del país.
Este hecho sin precedentes en los tres años del Gobierno lleva- ron las relaciones del Estado y la Iglesia a su nivel más bajo, aunque voceros de ambas partes descartaban la posibilidad de que la situa- ción degenera en una crisis, o que se planteara un distanciamiento definitivo entre ambos.
Independientemente de sus consecuencias el “affaire” trajo un nuevo elemento de perturbación al panorama nacional, ensombre- cido por las graves disputas públicas, especialmente en el seno del propio partido oficialista por la candidatura presidencial y los deli- cados problemas de orden económico.
El debate político se encaminaba a lo que algunos analistas calificaban ya de las más “virulentas” de las campañas electorales en la historia democrática del país. Recientemente, las páginas de los diarios estuvieron literalmente cubiertas de informaciones sobre una disputa entre el vicepresidente de la República, Jacobo Majluta,
y el presidente de la Cámara de Diputados, Hatuey Decamps, dos connotados dirigentes del partido gubernamental. El vicepresiden- te insinuó que fondos de la Cámara de Diputados, que controla su partido, se usaban en favor de actividades proselitistas del senador Salvador Jorge Blanco su más fuerte contendor a la nominación presidencial por el PRD. Decamps respondió con expresiones que no dejaron dudas sobre la magnitud de las dificultades internas que sacudían la unidad de dicha organización, acusando de paso a Majluta de emplear recursos estatales para promover su candidatura, con el respaldo del presidente, quien había declinado su repostula- ción para un segundo mandato constitucional. Los partidarios del senador Jorge Blanco alegaban que los hombres de su tendencia eran víctimas de la “represión” oficial que se manifestaba en cance- laciones de posiciones públicas, con el supuesto interés de favorecer las aspiraciones del vicepresidente.
Por lo menos otras tres figuras del oficialismo aspiraban a ser nominados en la convención fijada para octubre, y en la que, según políticos analistas, estaría en juego la unidad del partido, y proba- blemente sus esperanzas de preservar el poder en los comicios del 16 de mayo del año entrante.
En medio de esas pugnas, denuncias de irregularidades en los listados de la Junta Central Electoral, que podrían enturbiar la lim- pieza del proceso, fueron hechas por dirigentes de la oposición, en- tre ellas los expresidentes Joaquín Balaguer y Juan Bosch, mientras, el Gobierno encaraba los primeros visos de una crisis económica, observables en las fuertes restricciones bancarias y en el creciente aumento del costo de la vida.
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En octubre se anunció la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush para mediados de mes. Independientemente de las expectativas suscitadas en los altos círculos económicos y del Gobierno y la ola de protestas, hasta ese momento pacíficas, de inspiración izquierdista que siguieron al anuncio de su visita, era evidente que la llegada del vicepresidente Bush brindaba al país una ocasión propicia para discutir algunos de los asuntos más relevantes de sus relaciones con los Estados Unidos.
Por obligada necesidad, los temas de la agenda de conversaciones con el señor Bush fueron dominados por el azúcar. Una serie de factores económicos, subrayados por la reciente aplicación de un impuesto a las importaciones azucareras norteamericanas, confería a este punto un interés de fuerza mayor para las autoridades domi- nicanas. El azúcar era, por décadas, la base del intercambio bilateral entre los dos países. El gravamen a la importación, destinado a pro- teger a los productores domésticos de las influencias nocivas de un mercado en baja, constituía en cambio un revés para la economía del país dependiente de sus ventas de azúcares como muy pocas naciones.
La circunstancia de que una parte sustancial de sus exportaciones de azúcar se destinaran a Estados Unidos, exponía a la econo- mía dominicana con demasiada frecuencia a las veleidades de ese mercado, fluctuante por naturaleza. La aplicación del citado im- puesto significaría para la República Dominicana pérdidas millona- rias. Esta merma de ingresos tendría efectos especiales debido a que el país estaba en víspera de lo que ya se perfilaba como una de las más virulentas de cuantas campañas electorales se hayan realizado en una década y media de accidentado ejercicio democrático.
Bush sostuvo reuniones con el presidente Guzmán y funcionarios técnicos del Gobierno y fue recibido en sesión conjunta por el Congreso. Probablemente, a lo largo de sus dos días de perma- nencia en la República Dominicana solo escuchó una queja. A di- ferencia de Colombia y Brasil, los otros dos países latinoamericanos que visitó en esa gira de buena voluntad, Bush no se vio frente a problemas de orden político inquietantes.
Las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana estaban al más alto nivel. En realidad eran buenas desde 1966, cuando el entonces presidente Joaquín Balaguer inició la marcha, desde las ruinas heredadas de una guerra civil y una intervención militar norteamericana, hacia la construcción de una democracia al estilo occidental, un proceso difícil logrado a base de mucha au- toridad y el manejo hábil de los asuntos económicos frente a una oposición frecuentemente hostil y reacia a cooperar.
Se temía, sin embargo, que un eventual fracaso de las gestiones dominicanas para mejorar las perspectivas de su industria azucarera, a través de tratos especiales por parte de los Estados Unidos, alentara sentimientos antinorteamericanos en el país, intervenido militarmente dos veces por esa nación en el siglo XX. Partidos y grupos de izquierda, con el respaldo de entidades universitarias, propiciaron protestas y movilizaciones contra la visita del vicepre- sidente Bush. Las autoridades advirtieron sobre la ocurrencia de desórdenes, señalando que actuarían con suma energía si se altera- ba la paz pública, lo cual no llegó a ocurrir.
Los dominicanos basaban su petición en muchos alegatos de fuerza moral. El país era un aliado permanente de los Estados Unidos. En el plano comercial, cumplía sus compromisos como suplidor confiable de materias primas y otros productos en los buenos y en los malos tiempos; en períodos de paz y de crisis. Pero debido a razones especiales, la eventualidad de un tratamiento preferen- cial en materia azucarera por parte de Washington revestía una im- portancia extraordinaria para el Gobierno del presidente Guzmán, abrumado por una larga lista de problemas económicos y políticos.
El año era particularmente malo en lo que atañía a la economía. A pesar de los buenos precios del oro y otros factores positivos que prevalecieron durante buena parte del año anterior, el Gobier- no se vio precisado a actuar sobre la base de un presupuesto deficitario. Una merma en sus reservas provocó atrasos considerables en el saldo de compromisos exteriores y redujo la capacidad nacional de compra. Los esfuerzos por dar solución adecuada a una serie de factores que gravitaban en forma adversa sobre el espectro social, se vieron estrangulados por esas circunstancias. Guzmán encaraba acusaciones de incompetencia de parte de la oposición que creía que el origen de la mayor parte de los problemas nacionales residía en el inadecuado manejo de recursos, la dilapidación de fondos y la falta de una política económica flexible sustentada sobre la base de prioridades y austeridad en el gasto público.
Las expectativas en torno al pronto hallazgo de petróleo, crea- das por un sorpresivo anuncio presidencial de que se había detectado la existencia del mineral en las exploraciones de Charco Largo, en el extremo occidental del país, desaparecían frente a evidencias al parecer cada día más claras de que tal vez los dominicanos de- berán continuar esperando todavía algún tiempo por su hallazgo. Recientemente, Guzmán encabezó la ceremonia de perforación de un nuevo pozo. Sin embargo, no existía mucho entusiasmo a nivel nacional por este acontecimiento.
La frustración que la breve experiencia petrolera causara a muchos dominicanos, hizo que estos volvieran su confianza hacia un producto que, a lo largo de casi toda su historia, había sido el sostén y el motor de su economía. Por ello, la oportunidad de negociar un acuerdo azucarero que asegurara estabilidad a la nación, confería importancia especial a la visita del vicepresidente de Estados Uni- dos. Al final de esa visita no se dio a conocer ningún comunicado sobre sus resultados.
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En la última semana de octubre Guzmán encontró fuerte oposición del Senado para la aprobación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con el país sumido en la más extemporánea, costosa y ruidosa actividad electoral de su historia reciente, este primer gran choque de poderes tendría repercusiones muy hondas en los 10 meses restantes de su administración.
El préstamo, por un monto de 36 millones de dólares, sería utilizado en la ampliación y reconstrucción de un tramo de 19 kilómetros de la principal autopista que entrelaza a Santo Domingo con Santiago y otras poblaciones del norte, proyecto importante para el desenvolvimiento económico del país. El contrato fue firmado por el Gobierno a comienzos de año y aprobado, sin problemas, por la Cámara de Diputados, controlada por el oficialista Partido Revolu- cionario Dominicano (PRD), a mediados de marzo.
El Senado, dominado por el Partido Reformista, del expresidente Joaquín Balaguer, el partido más importante de la oposición, postergó su discusión y remitió el contrato a estudio de dos comi- siones especializadas. Al cabo de seis meses, la Cámara Alta decidió desestimar su aprobación, debido a una cláusula que consideraba “lesiva a la soberanía”.
El representante local del BID, el presidente Guzmán y otros voceros oficiales, rechazaron que la cláusula en cuestión, la 6.11, comprometía la soberanía dominicana y urgieron al Senado a apro- bar el préstamo. El Senado rechazó que actuara guiado por moti- vaciones políticas y su presidente, Helvio Rodríguez, advirtió que a menos que se eliminara esa parte del contrato no sería aprobado.
La cláusula objetada establecía gravámenes a las propiedades urbanas y rurales, que serían afectadas por la obra y obligaba al Gobierno a informar al BID acerca de “los efectos” de las medidas adoptadas en ese sentido. “Si hay quienes no creen que esta cláu- sula del préstamo lesione la soberanía, como hemos planteado, por qué entonces se muestran tan renuentes a quitar dicha cláusula, que, a fin de cuentas, no envuelve ni el monto ni los términos del préstamo y mucho menos su objetivo que son los puntos básicos del contrato”, dijo Helvio Rodríguez, al justificar la actitud de la Cámara Alta.
El Gobierno consideró que la negativa tenía el propósito de entorpecer los programas de construcción, con la aparente idea de empañar su imagen pública en vista de la proximidad de las eleccio- nes fijadas para el 16 de mayo de 1982, pero el presidente del Se- nado rechazó tajantemente que hubiera “un propósito oculto”. “Si tuviéramos la intención de obstaculizar al Gobierno no le hubiéra- mos aprobado ya, en esta misma Cámara, préstamos por cientos de millones de dólares”, dijo.
La administración de Guzmán había recurrido a préstamos in- ternacionales por un monto sin precedentes superior a los $1,600 millones, en apenas tres de ellos. Con frecuencia había sido acusada de “endeudar peligrosamente” al país, sin que se vieran los resulta- dos de esa política económica. Muchos de los problemas graves que aquejaban a la nación en el campo de la economía se relacionaban con la escasez de recursos para acometer obras básicas de infraes- tructura, enderezar programas de contenido social, y hacer frente a los compromisos internacionales. La oposición creía que no se jus- tificaba la situación, en vista no solo del creciente endeudamiento, sino de la facilidad con que se recurría a la ayuda internacional para hacer frente a las complejidades de la vida económica.
En reiteradas oportunidades, Balaguer advirtió al Gobierno contra el peligro que representaba la tendencia a buscarle solución a los problemas nacionales a través de préstamos internacionales, por considerar que el país se encontraba a punto de agotar su capacidad de endeudamiento externo. Muchas de esas críticas hacían mención de la escasa capacidad del Gobierno para someterse a un riguroso control de gastos, señalando que se auspiciaba el boato, no obstante la crítica situación económica y financiera.
La oposición a la política de endeudamiento era manifiesta, con mayor energía, en las propias filas del partido oficial. La Cámara de Diputados, controlada por el PRD, se había pronunciado en contra de varios contratos de préstamos y rechazado que actuara en esos casos movida por directrices políticas, aunque tal vez allí se diera otro ángulo de la lucha de tendencias que corroía progresivamente la una vez inquebrantable unidad del PRD. La mayoría de los legisladores del PRD seguía al senador Salvador Jorge Blanco, crítico consistente del Gobierno.
Para muchos observadores, la negativa del Senado señalaba la pauta de lo que podría suceder en el campo de la actividad política y económica de la nación en los meses siguientes. Si esto respondía a la realidad, el Gobierno se vería ante dificultades muy serias. En esos momentos gestionaba préstamos internacionales por casi $40 millones para financiar la próxima zafra azucarera del Consejo Esta- tal del Azúcar (CEA), en situación financiera extremadamente difí- cil. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra de esas gestiones. Si Guzmán fallaba en encontrar apoyo para sostenerlos, era casi seguro que encararía serias dificultades en los próximos meses de dura prueba electoral, tal como ocurrió.
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“Esta capital es un desastre. Las calles están llenas de baches y la basura aparece por todas partes. El Gobierno no tiene recursos. El próximo Gobierno tendrá que actuar menos democráticamente”. Estas terribles palabras, no fueron pronunciadas por ningún líder de la oposición ni en uno de esos altisonantes noticiarios de ra- dio que se escuchaban a cualquier hora. Fueron formuladas en uno de los más populares programas de entrevista por televisión, en la planta estatal, por el vicepresidente de la República, Jacobo Majlu- ta, el candidato a la nominación presidencial del oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que respaldaba el presidente Antonio Guzmán.
La frase era una dramática admisión de las graves dificultades económicas que afrontaba el país. Pero más que nada constituía una visión anticipada de los problemas de la economía y todo el espec- tro político y social dominicano en vísperas de un proceso electoral considerado vital para el futuro de la democracia en esta nación de más de 5.5 millones de personas.
Las probables consecuencias ulteriores de la afirmación del candidato, no radicaban en su admisión de la magnitud de la crisis económica, sino en la interpretación que podía colegirse de esa frase preñada quizá de sinceridad pero despojada de todo sentido político práctico. Mucha gente, influyente comenzó a preguntarse si una victoria de Majluta en los comicios generales del 16 de mayo de 1982, significaría un retroceso en materia de derechos civiles o un estancamiento del proceso de democratización iniciado hacía década y media.
Majluta dejó saber su disgusto contra el Congreso al que acu- só de entorpecer muchos de los planes de la administración. “Este es un Gobierno al que no se le deja actuar”, dijo el vicepresidente para justificar el estado de la economía y la situación de abando- no virtual en que se encontraba Santo Domingo. Sin embargo, el presidente de la cámara de Diputados, Hatuey Decamps, miembro del partido de Majluta pero partidario de la nominación presiden- cial del senador Salvador Jorge Blanco, restó fuerza a la imputación señalando que las cámaras le habían aprobado préstamos a la admi- nistración por un monto superior a los 1,800 millones de dólares y respaldado casi todas las iniciativas que Guzmán puso en sus manos.
La sorda lucha por el poder en el PRD se trasladaba así al Con- greso, como había pasado ya en departamentos importantes del Gobierno. Majluta advertía que cualquiera que gane las elecciones del año siguiente deberá actuar “menos” democráticamente” y con más dureza frente al Congreso.
La oposición consideró que el Gobierno exageraba la influencia externa en el descalabro de la situación económica interna y atribuía la mayor responsabilidad de la crisis al inadecuado manejo de los recursos, el boato y la falta de planificación. Y señalaba que la escasa actividad oficial en el campo de la economía y la inversión pública provocaron una contracción sin precedentes. Una de las características de la crisis era la tardanza con que el Gobierno, por carencia de fondos, enfrentaba sus compromisos externos como internos. En esos días, los molineros de arroz advirtieron que la dilación del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) en pagarles una deuda ascendente a veinte millones de pesos (dólares por el cambio oficial) los tenían al borde de la quiebra. INESPRE sostuvo que la deuda era mucho menor y que pagaría en los siguientes días, pero los molineros respondieron que promesas similares se incumplieron en el pasado.
INESPRE poseía el monopolio de la distribución del arroz y otros productos básicos de consumo. Su función era regular la co- mercialización interna para estabilizar los precios y proteger a pro- ductores y consumidores, impidiendo el agiotismo, pero ese rol con frecuencia quedaba avasallado por el ímpetu de la política partidaria. De todas formas, el problema surgido entre INESPRE y los moline- ros fue solo un ángulo de una crisis de perfiles más pronunciados. El empeoramiento de los enfrentamientos en el PRD por la nominación presidencial debilitaba incuestionablemente la posición del Gobierno para solucionarla. Cuando el síndico (alcalde) de Santo Domingo, Pedro Franco Badía, aspirante también a la nominación presiden- cial por el PRD, acusó a Guzmán de “revanchismo” por la negativa del Gobierno de concederle subsidios especiales al ayuntamiento para resolver los problemas del municipio, se ofreció al país una idea de hasta dónde esa lucha partidaria afectaba los asuntos oficiales.
En medio de todo, Majluta se vio obligado a pagar un costo muy alto en materia de imagen pública por su afirmación de que el próximo presidente deberá actuar más duramente contra el Con- greso y “menos democráticamente” para dinamizar la economía. Igual tuvo que hacer cuando dijo dos años atrás por radio que a los huelguistas responsables de una paralización del transporte público había que reducirlos a la obediencia y darles “candela”.
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La situación en El Salvador puso de nuevo al descubierto a finales de noviembre de 1981 las profundas diferencias entre el Gobierno y el oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Desde que asumió el poder el 16 de agosto de 1978, la política ex- terior del presidente Guzmán fue un terreno de lucha con su propio partido aliado de la Internacional Socialista y con una militancia más a la izquierda que la del mandatario. La situación en Centro- américa había dado lugar a duros enfrentamientos, como ocurrió cuando el Gobierno asumió una actitud de mediación durante la lucha de los sandinistas contra la dictadura de Somoza, mientras el PRD apoyaba públicamente la causa rebelde. La crisis salvadoreña colocaba de nuevo al Gobierno y al PRD frente a frente, en una polémica con derivaciones políticas internas muy graves.
A comienzos de noviembre, la República Dominicana se unió a una iniciativa venezolana respaldada por otros siete países sudame- ricanos, condenando el reconocimiento hecho por México y Fran- cia al movimiento insurgente salvadoreño. La declaración acusaba a ambos países de intervenir en los asuntos internos de la nación centroamericana y sugería que posiciones de esa naturaleza dificul- tan “la solución del problema salvadoreño”.
El voto dominicano levantó una ola de críticas en los sectores de izquierda y en el propio partido oficial, cuyo secretario general, José Francisco Peña Gómez, formuló una declaración acusando al Gobierno de Guzmán de desarrollar “una errada política interna- cional”. Esa conducta, agregó Peña Gómez se ha caracterizado “por cerrar filas en la arena internacional con las fuerzas más conserva- doras y retrógradas del hemisferio”, en obvia referencia al hecho de que la iniciativa venezolana fuera suscrita también por los gobier- nos de Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay y Argentina.
“La Secretaria General del Partido Revolucionario Domini- cano, en representación de nuestro partido expresa su total des- aprobación a la decisión del Gobierno dominicano de suscribir esa declaración juntamente con varios gobiernos latinoamericanos oponiéndose al comunicado de los gobiernos de México y Francia’”, señalaba la nota del PRD. “En mi condición de responsable de las relaciones internacionales del partido”, dijo Peña Gómez, “considero que jamás la Cancillería dominicana debió suscribir una declara- ción que contradice los principios sostenidos por nuestro partido, y la tradición de lucha de nuestra organización”. El comunicado de los gobiernos de Francia y de México “es realista y positivo porque reconoce una situación de beligerancia que no se puede ocultar y que debe ser encarada por la comunidad internacional”.
“En la República de El Salvador hay un conflicto en el que intervienen dos bandos armados; y cualquier tentativa de desconocer a uno de ellos, especialmente al Frente Farabundo Martí y al Frente Democrático Revolucionario solo puede contribuir a prolongar un conflicto que no tiene salida”, advertía la declaración de Peña Gómez, la que a seguidas agregó: “Al considerar que el bando revolucionario es capaz de asumir responsabilidades de poder, los gobiernos de Francia y de México se han pronunciado por una negociación honrosa para ponerle fin al conflicto salvadoreño; objetivo que no podrá alcanzarse si no se reconoce al Frente Farabundo Martí y al FDR. Consideramos lamentable la decisión del Gobierno dominicano de coincidir con las peores dictaduras de América Latina, regímenes violatorios de las derechos humanos, que han perseguido a los partidos y gobiernos aliados del Partido Revolucionario Dominicano”.
El Gobierno de Guzmán defendió su actitud en declaraciones ofrecidas a la prensa local por el canciller Manuel Enrique Tavares Espaillat -quien no pertenecía al PRD-y las del propio Guzmán. Ambos afirmaron, por separado, que el voto era consecuente con la
política de no intervención en los asuntos internos de otros países seguida por el Gobierno.
“El Salvador tiene que resolver sus problemas ellos por sí solos, como resolvemos nosotros en la República Dominicana nuestros problemas”, dijo Guzmán. “No queremos ni necesitamos que na- die intervenga en la solución de nuestros problemas; sino nosotros mismos debemos resolverlos”.
La tajante declaración presidencial no satisfizo al partido, que insistió que no había intervención en los asuntos salvadoreños por parte de México y Francia y que en cambio sí la existía por parte de aquellos que, como Estados Unidos, suministraban armas, muni- ciones y asesores militares a El Salvador.
Quedaba nuevamente en claro que el nuevo encontronazo se- paraba más al Gobierno de su partido, en momentos en que la agria lucha por la nominación presidencial del PRD, en la convención fijada para el mes de diciembre revivía viejas rivalidades y planteaba serias amenazas de violencia política al país.
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Con todo el país a la espera de sus resultados, se puso en mar- cha el sábado 21 de noviembre el complejo mecanismo de selección del candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que culminó el domingo 29, con la vana espe- ranza de poner fin a la más larga y agria lucha por una nominación en la historia política del país.
El evento coincidió con una de la más seria crisis económica de los últimos años, dramatizada por nuevas amenazas de huelga de maestros y una reducción de labores en los doce ingenios del Con- sejo Estatal del Azúcar (CEA), en demanda del pago de bonificacio- nes. La protesta de los trabajadores azucareros provocó retrasos al inicio de las labores de zafra y ocasionó la más grave confrontación laboral en los tres años y tres meses de la administración que expira el 16 de agosto del año siguiente, 1982.
Los sindicatos del CEA hicieron la semana anterior una huel- ga de 48 horas, en reclamo del pago de 90 días de sueldo como bonificación. El paro fue levantado bajo promesas de que el 20 de noviembre el CEA respondería entregando los bonos. Los sindica- listas advirtieron que no aceptarían reducciones en el monto y para reforzar sus demandas llamaron al trabajo a desgano o “paso de la jicotea”. (En el léxico popular se le llama “jicotea” a la tortuga). La actitud de los dirigentes sindicales provocó un endurecimiento del Gobierno que trataba de mantener una postura conciliatoria, debi- do a la convención del PRD, y a las consecuencias que tendría para la economía nacional, ya en crisis, una postergación por tiempo in- definido del inicio de la zafra, vital por demás para la rehabilitación financiera del consorcio estatal.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que llegó a protagonizar el año anterior un paro a nivel nacional en los plante- les públicos, amenazó con suspender de nuevo la docencia si el Go- bierno no accedía a sus demandas de mejoras salariales, al someter antes de finales del año el presupuesto de gastos públicos de 1982. Estos problemas mermaban el alto nivel de popularidad de que una vez gozó la administración del presidente Antonio Guzmán, y se reflejaron en los resultados de la convención del PRD.
Aun cuando por lo menos había cinco aspirantes a la nomina- ción presidencial por el PRD, las mayores posibilidades estaban a favor del vicepresidente Jacobo Majluta, respaldado por Guzmán, y del senador Salvador Jorge Blanco. Las encuestas populares con- cedían a Jorge Blanco mejores perspectivas de ganar una elección nacional, pero Majluta contaba con más apoyo en las estructuras internas del partido, lo que podría determinar un fallo a su favor.
Sin embargo, ninguno de los dos aspirantes concedía posibi- lidades al otro y esto hacía temer que cualquiera fuera el resultado final de la convención, el candidato derrotado objetara el triunfo de su adversario, La alta dirigencia del PRD trató de evitarlo consciente de que podría escindir la frágil unidad del partido y condenar de paso su suerte en las elecciones generales programadas para el 16 de mayo de 1982. La campaña interna por la nominación presidencial se dio áspera y sórdida. Los ataques contra uno y otro candidato dominaron el ambiente electoral, llegando al plano personal y ha- ciendo irreconciliables, por lo menos en apariencia, la rivalidad que dividía al partido.
La importancia de la convención la subrayaba el secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, al manifestar que un eventual fracaso haría virtualmente imposible la celebración de co- micios democráticos. En muchos sentidos, esta frase se dirigía a los grupos antagónicos del partido que luchaban por la nominación.
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Una semana antes de la convención del PRD, un paro de 48 horas en los doce ingenios azucareros del Estado en demanda del pago de tres meses de bonificación y la publicación de un “álbum de la corrupción”, en el que se involucró a altos funcionarios del Gobierno, añadieron nuevos elementos de perturbación al panorama político dominicano.
Un esfuerzo de último momento del secretario del Trabajo, Cé- sar Estrella Sadhala, para evitar el paro resultó infructuoso no obs- tante la promesa de que el CEA entregaría las bonificaciones exigidas el 20 de ese mes. La actitud de los huelguistas se atribuyó a un docu- mento dado a la publicidad por el Partido Comunista Dominicano (PCD) en el que se afirmó que el consorcio estatal obtuvo ganancias ascendentes a casi 29.5 millones de pesos (dólares) en la zafra pasada y cuya divulgación contradijo reiteradas afirmaciones de que el CEA confrontaba serias dificultades financieras como consecuencia de las pérdidas sufridas en los últimos períodos de molienda.
El documento del PCD fue acompañado de copia de los esta- dos financieros del CEA, lo cual sugirió una fuerte infiltración en esferas públicas de ese grupo, legalizado durante la administración del presidente Joaquín Balaguer, el líder más importante de la opo- sición y virtual candidato de su Partido Reformista a las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 1982.
Aunque el paro no afectó la producción, pues la molienda no empezaba todavía, produjo inconvenientes en las labores de prepa- ración y sembró la semilla de una agitación que ponía en peligro la zafra. La huelga, primera de esa magnitud en muchos años en la industria azucarera estatal, vino en momentos en que todo el aparato político dominicano se hallaba al rojo vivo por el escándalo suscitado a raíz de la publicación de un “álbum de la corrupción”, en el que se acusó a destacadas figuras del Gobierno, incluido el vicepresidente Jacobo Majluta, de supuestos actos de malversación de fondos y recursos públicos.
Del “álbum”, publicado por el Partido de la Liberación Domi- nicana (PLD) en una edición completa de su órgano “Vanguardia del Pueblo”, se vendieron más de 135,000 ejemplares, probable- mente casi igual a la circulación neta de un día de los diez diarios nacionales. Su impacto en la actividad política y en la esfera guber- namental fue tremendo. Las autoridades, y muy especialmente los funcionarios involucrados, amenazaron al expresidente Juan Bosch, líder del PLD, con acciones judiciales, acusándole en entrevistas por radio y televisión de difamación e injuria e instándole a presen- tar pruebas de tan graves imputaciones.
Bosch alegó que poseía pruebas extraídas de auditorías realiza- das por la Cámara de Cuentas, un organismo dependiente del Senado de la República, pero que no las entregaría a las autoridades, negándose al mismo tiempo a discutirlas en un programa público. También declinó una invitación que le formulara el Procurador General de la República, Bienvenido Mejía y Mejía, para que explicara privadamente las bases de tan graves acusaciones contra los princi- pales funcionarios del Gobierno y advirtió contra cualquier intento de impedirle la salida del país la semana siguiente, cuando planeaba viajar al exterior junto a su esposa Carmen, para cumplir compromisos previamente contraídos. “No hay fuerza en este país capaz de impedir que yo viaje al exterior”, dijo Bosch en conferencia de pren- sa, al rechazar que pueda ser enjuiciado por difamación e injuria, como plantearon funcionarios del Gobierno y dirigentes del PRD.
El affaire se enmarcó dentro la sórdida lucha interna que se libraba en el PRD. Bosch fue hasta finales de 1973 presidente y líder máximo del PRD. En esa fecha renunció por divergencias de carácter táctico y estratégico, fundando el PLD. El vicepresidente Majluta y otros líderes del partido oficial sostuvieron que el “Álbum de la corrupción” era solo otra etapa de una larga cadena de actitu- des de Bosch encaminadas a destruir al PRD y evitar que ganara de nuevo las elecciones del año siguiente.
Los partidarios de Majluta adujeron que la campaña bochista trataba de torpedear sus aspiraciones personales por tener fuertes adeptos dentro de las propias filas del PRD, en lo que se interpretó como una alusión a los simpatizantes del senador Salvador Jorge Blanco, su principal contendiente en la lucha por la nominación presidencial por el partido en el poder.
Concluidos a comienzos de diciembre los trabajos de la Undécima Convención Nacional del PRD, en la que el senador Salvador Jorge Blanco resultó electo candidato del Gobierno a la Presidencia de la República en las elecciones de mediados del año siguiente, la atención del país volvió a centrarse en la aparente indetenible evolución de sus graves problemas económicos. Un nuevo paro de labores, esta vez de 48 horas, en los doce ingenios azucareros del Es- tado, en demanda del pago de bonificaciones añadió a la situación un ingrediente adicional de incertidumbre. El Gobierno advirtió su disposición de recurrir a los recursos de la Ley a fin de evitar que la huelga, trastornara el inicio de la zafra, a punto de comenzar y ya en marcha en por lo menos uno de los ingenios del Estado.
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) desmintió las versiones propaladas por los huelguistas de que la aparente tardanza en en- tregar la bonificación obedeciera a un plan encaminado a burlar los acuerdos arribados el mes anterior en virtud del cual la empresa se comprometió a entregar el equivalente, o su proporción por días de zafra trabajados, de 45 días de salarios a los trabajadores azucareros, y dijo que se confeccionaban los cheques a fin de zanjar el conflicto por las vías acordadas.
La decisión de los trabajadores de irse a una huelga abrió mu- chas interrogantes respecto a los objetivos de su protesta y llamó la atención nacional sobre la crisis que afectaba a su industria princi- pal. Para muchos observadores la posibilidad de paros escalonados en los ingenios del Estado haría fracasar la zafra, con funestas con- secuencias en todo el aparato económico y productivo de la nación. En un período electoral como el que de hecho ya vivía el país, sus efectos multiplicadores serían, como lucían en perspectiva, sencilla- mente espantosos.
Una baja sostenida en los niveles mundiales de precios debido en parte a la política de subsidios a las exportaciones de los excedentes de la Comunidad Economía Europea (CEE) unido a un descenso gradual pero firme del consumo en el mercado nortea- mericano, ante el auge de la producción de edulcorantes a base de maíz, ponían a prueba la capacidad de la industria nacional del dulce para subsistir.
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El 1981 finalmente terminó con resultados negativos en mate- ria económica y nada parecía presagiar cambios positivos en 1982. Una inquietante conjunción de factores económicos y políticos, incluido un proceso electoral que habrá de culminar con comicios generales el 16 de mayo, añadieron incertidumbre al panorama na- cional.
Hubo una pérdida de popularidad del Gobierno del presiden- te Antonio Guzmán y de su Partido Revolucionario Dominicano (PRD), enfrascados en sórdidas luchas internas. La forma en que esto podría reflejarse en las elecciones, la sugirió el propio líder del PRD, el secretario general José Francisco Peña Gómez, cuando al llamar a la unidad advirtió que el expresidente Joaquín Balaguer, principal figura de la oposición, “no ha sido derrotado todavía”.
Guzmán fue sometido a fuertes presiones laborales. Los maes- tros de planteles públicos amenazaban con irse de nuevo a una huelga en demanda del cumplimiento de una promesa presiden- cial de incluir partidas extraordinarias en el presupuesto fiscal de 1982, para mejorar sus ingresos salariales, promesa que no había sido cumplida. El proyecto del presupuesto estaba todavía en el Congreso con posibilidades de sufrir grandes modificaciones.
Algunas de las reformas estaban encaminadas a atender el re- clamo de los maestros y de otros sectores, como los médicos, quienes también podrían irse de nuevo a un paro. Pero básicamente, las enmiendas tenían la finalidad de reajustar los gastos públicos a las reales posibilidades del Gobierno. En 1981 el Gobierno se vio en la necesidad de emitir dinero inorgánico para cumplir con sus compromisos corrientes. Esas emisiones superaron los 85 millones de pesos (dólares) solamente entre noviembre y diciembre.
Los gastos excesivos del Gobierno para saldar compromisos fijos, principalmente el pago de salarios debido a la creación de cerca de 65,000 empleos improductivos en la administración pú- blica, cortó su capacidad para activar la economía mediante la in- versión en áreas reproductivas y dinámicas. La oposición acusaba a la administración del PRD de haber arrastrado al país al borde de una bancarrota haciéndole responsable, por incapacidad y falta de visión, de los problemas económicos. Una de las quejas principales se refería a que los puestos creados en el tren administrativo fueron llenados exclusivamente por activistas políticos, señalando que eso hipertrofió la burocracia con funestas consecuencias económicas.
Gran parte de los problemas se debían a la mala administración del Ayuntamiento de Santo Domingo. La ciudad se hallaba virtual- mente ahogada en basura con las calles en pésimo estado. El síndico (alcalde) Pedro Franco Badía, culpó de esta situación a Guzmán diciendo que éste se negó a entregar subsidios especiales al cabildo, debido a sus aspiraciones presidenciales. Pero Guzmán considero públicamente a su colega de partido como incapaz de “manejar” fondos públicos, condicionando la entrega de subsidios especiales a la previa renuncia del alcalde.
El PRD se opuso a tal exigencia por considerar que sentaría un mal precedente y Guzmán hizo uso de su autoridad para echar a un lado al síndico Franco Badía, a quien la oposición consideraba la peor autoridad municipal en la historia de Santo Domingo. Mediante un decreto, el Presidente creó una “unidad de emergen- cia” para la limpieza de la ciudad poniéndola bajo el mando de un general del Ejército, en lo que constituyó una virtual destitución administrativa del alcalde. La medida dispuso que los obreros de la recogida serían pagados directamente por el Gobierno. Esto des- pojó al síndico de las escasas atribuciones que le quedaban, pues ya el Gobierno le había quitado la administración del transporte colectivo, el manejo del acueducto y el arreglo de las calles de Santo Domingo.
En adición a estos problemas, el Gobierno se exponía a un choque con el Congreso debido a las demandas de mayores asignacio- nes formuladas por la Junta Central Electoral (JCE). El organismo decía que las partidas asignadas en el proyecto de presupuesto no eran suficientes para garantizar un proceso electoral limpio y demo- crático, lo que dio fuerza a denuncias opositoras de que podría estar en marcha alguna suerte de componenda para preservar la perma- nencia del PRD en el poder.
Con el control del Senado por el Partido Reformista de Bala- guer el proyecto encontró serias objeciones cuando se envió a estudio de esa cámara. La herencia económica de 1981 gravitó sin duda alguna sobre el año siguiente.
La elección del senador Salvador Jorge Blanco, de la Provincia de Santiago, como candidato presidencial fue la peor derrota de Guzmán en todo el 1981. Los efectos de esa elección se verán poco después de las elecciones del 16 de mayo.