Santo Domingo, RD – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha condicionado la implementación de cámaras de vigilancia en las aulas de escuelas públicas a la creación de un «reglamento nacional sobre videovigilancia escolar». Esta postura surge en un contexto donde las cámaras buscan contener los altos niveles de violencia y crimen en los centros educativos.
El gremio magisterial, aunque no se opone a las «medidas legítimas de seguridad», enfatizó que estas no deben vulnerar el derecho a la intimidad ni criminalizar a docentes o estudiantes. La ADP sostiene que la videovigilancia debe ser una herramienta preventiva y no de control laboral, disciplinario o punitivo contra el profesorado.
Puntos Clave para la Instalación de Cámaras, Según la ADP:
- La ADP propone elaborar junto al Ministerio de Educación y otras entidades un reglamento colaborativo para el uso de cámaras en las aulas.
- Las autoridades deben informar y solicitar el consentimiento previo de las familias, docentes y personal administrativo antes de instalar cámaras en las aulas. Este consentimiento debe ser libre, informado y específico, conforme a la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
- Justificación y Estudio Previo: La medida debe estar justificada por un diagnóstico de riesgos objetivos, no pudiendo instalarse de forma generalizada o indiscriminada. Se exige un estudio de impacto legal y social previo, que incluya un análisis sobre los efectos psicológicos en estudiantes y docentes.
Las autoridades deben proteger las grabaciones y restringir su uso exclusivamente a fines de seguridad, sin permitir su acceso público ni utilizarlas para otros propósitos. Solo autoridades competentes, como directores escolares, una autoridad judicial o policial, y el Ministerio de Educación con una orden administrativa, pueden revisarlas. Quienes manejen las imágenes tienen prohibido compartirlas o publicarlas, y podrían enfrentar sanciones penales o administrativas si lo hacen.
La ADP reitera su compromiso con un ambiente escolar seguro, libre y respetuoso de la dignidad y privacidad de toda la comunidad educativa. El gremio afirma que la seguridad es responsabilidad de todos y que no se puede imponer la instalación de cámaras sin regulación legal y respeto a los derechos fundamentales.
Los presidentes de las filiales de la ADP de Duarte y Hermanas Mirabal, Robert Frías y Augusto Rafael Sánchez (Tito), impulsaron la semana pasada el debate sobre las cámaras, expresando su oposición al argumentar que vulneran la privacidad.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha guardado silencio sobre los motivos que lo llevaron a instalar cámaras de vigilancia en los planteles públicos.
