La solicitud de aprobación ante la Constituyente es vista como un gesto de subordinación del mandatario ante ese órgano legislativo — que es rechazado por la oposición que la considera ilegitima– puesto que la reforma legal que hizo en el 2015 lo faculta para aprobarla por cuenta propia.

Desde que la oposición tomó el control del Congreso, sus competencias han sido bloqueadas por el poder judicial.

El Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar integrado por aliados del oficialismo, ha emitido desde 2016 más de medio centenar de decisiones para desconocer las competencias del Congreso, incluida su potestad de designar a las autoridades del Banco Central.

El Banco está constitucionalmente reconocido como autónomo, pero esa autonomía se ha visto disminuida mediante la promulgación de leyes y normas promovidas inicialmente por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez desde su llegada al poder en 1999, entre las que se incluyó la obligación de transferir sus reservas consideradas “excesivas” a un fondo de desarrollo del gobierno.

Venezuela enfrenta una severa crisis económica signada por una galopante inflación que se estima podría cerrar el año en 1.000%, una severa recesión y graves problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.