La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) manifestó preocupación por la aprobación, en segunda cámara, del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al advertir posibles efectos negativos sobre la competitividad del sector.
La entidad consideró que una legislación de esta trascendencia requiere un proceso de análisis técnico amplio, participativo y suficientemente deliberado. ADOZONA sostuvo que el debate ocurre pocos meses después de una modificación previa a la normativa, sin que se hayan agotado los espacios necesarios para evaluar sus implicaciones y construir consensos.
ADOZONA cuestiona impacto para empresas de zonas francas
La asociación planteó que las disposiciones aplicables al régimen de zonas francas deben ser revisadas de manera específica. Recordó que, bajo la Ley 8-90, las operadoras de parques de zonas francas deben instalar y mantener facilidades para el manejo de los residuos generados por las empresas establecidas en sus instalaciones.
ADOZONA señaló que el mecanismo de deducibilidad previsto en los cambios aprobados no produciría el mismo efecto para las empresas acogidas al régimen de zonas francas, debido a que estas no realizan deducciones del Impuesto Sobre la Renta en las mismas condiciones que otros contribuyentes.
Según la organización, esta particularidad podría colocar a las empresas de zonas francas en una posición de desventaja competitiva frente a otros actores de la región, en un contexto donde el país busca atraer inversión, ampliar exportaciones y preservar empleos vinculados a la manufactura y los servicios.
Piden diálogo y estabilidad regulatoria
ADOZONA afirmó que las normas de alto impacto económico y regulatorio deben sustentarse en evidencia técnica, garantizar la participación de los sectores involucrados y reforzar la seguridad jurídica.
La entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y las instancias legislativas para construir un marco normativo que fortalezca la gestión integral de los residuos sólidos sin afectar la competitividad del sector productivo.
El gremio sostuvo que el diálogo y el consenso colectivo son necesarios para compatibilizar los objetivos de sostenibilidad ambiental con la estabilidad regulatoria y el desarrollo económico de República Dominicana.
