Más que cambios de nombres, los decretos redefinen piezas clave del ámbito de la producción y política social en un momento sensible para la economía
Los movimientos introducidos por el Poder Ejecutivo a través de decretos los últimos días por lo visto no responden a una simple rotación administrativa ni a un ejercicio cosmético del poder.
Vistos en conjunto, dejan ver una reconfiguración puntual en áreas que concentran un peso determinante sobre el desempeño económico del país: la recaudación fiscal, el comercio exterior, la producción agropecuaria, la construcción y la política social. No se trata de un “relevo general”, sino de ajustes “quirúrgicos” en instituciones que inciden de manera directa en el equilibrio presupuestario, la competitividad y la cohesión social.
El nombramiento de Nelson Arroyo al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) es, probablemente, uno de los movimientos más sensibles desde el punto de vista fiscal. Y claro está, el de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) también.
Aduanas ha pasado, en poco más de una década, de ser un actor secundario a consolidarse como una de las columnas del sistema recaudatorio de República Dominicana. En 2014 aportaba menos de una quinta parte de los ingresos fiscales combinados de las tres principales entidades (vistas la DGII, la propia DGA y la Tesorería Nacional); en 2024 ya se acercaba a una cuarta parte. Ese cambio no es menor. Ha sido empujado por una transformación institucional basada en tecnología, control, eficiencia administrativa y facilitación del comercio, incluso en un contexto de desaceleración del comercio a escala global.
Arroyo recibe una institución con cifras robustas, entre ellas, recaudaciones proyectadas superiores a RD$266,100 millones en 2025, crecimiento interanual mayor al 4.4 %, automatización de servicios, reducción drástica de costos administrativos y una relación nómina/recaudo que se ha reducido a casi la mitad en cinco años, según cifras oficiales revisadas por el periódico elCaribe.
El énfasis que ha puesto en aumentar las recaudaciones y facilitar aún más el comercio apunta a una línea de continuidad, más que de ruptura. El foco estará en sostener ese doble objetivo sin generar fricciones innecesarias con el sector productivo, en un momento en que la competitividad logística se ha vuelto un activo estratégico para el país.
No parece ser una casualidad que el relevo en Aduanas venga acompañado del movimiento en la Dirección General de Impuestos Internos. La juramentación de Pedro Porfirio Urrutia se produce cuando la DGII –la que dirigió magistralmente Luis Valdez- exhibe uno de los mejores desempeños de su historia reciente. Para 2025 se proyectan ingresos por RD$913,141.9 millones, con un cumplimiento de meta superior al 100% y una baja histórica de la evasión del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) a 36.5 %.
La facturación electrónica, la modernización de procesos y el fortalecimiento del cumplimiento voluntario han consolidado a la DGII como el principal sostén de las finanzas públicas nacionales.
Aquí, más que un giro, el Ejecutivo parece apostar por la consolidación técnica. Urrutia llega con un perfil eminentemente fiscal y contable, en un momento en que el desafío no es crecer a cualquier costo, sino sostener la recaudación sin asfixiar a la actividad económica.
El dato de que, en abril de 2025, la DGII haya superado por primera vez los RD$100,000 millones en un solo mes ilustra el nivel de exigencia que tendrá la nueva gestión. La transición se da, además, sin sobresaltos en términos de resultados, lo que sugiere una apuesta por la estabilidad institucional en un área donde la incertidumbre suele tener efectos inmediatos. El movimiento de Eduardo Sanz Lovatón desde Aduanas hacia el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes también tiene una lectura económica clara. Industria y Comercio es un ministerio bisagra, porque conecta la política productiva, el comercio interno, la regulación de precios sensibles y el vínculo con las micro y pequeñas empresas (mipyme). Que quien dirigió una Aduanas enfocada en eficiencia y facilitación del comercio asuma ese despacho no es una decisión neutra. Anticipa una visión más integrada entre comercio exterior, producción local y encadenamientos productivos, en un contexto donde las mipyme siguen siendo el principal generador de empleo. En el ámbito productivo agropecuario, la llegada de Oliverio Espaillat Bencosme al Ministerio de Agricultura se produce en un momento particularmente delicado (no es extraño que sea así) y, a la vez, favorable.
Delicado por la presión de factores externos que son imponderables, como es el clima, la volatilidad de precios, riesgos sanitarios, y favorable por los resultados acumulados. El sector agropecuario produce alrededor del 85 % de lo que consume el país y ha mostrado una capacidad notable para sostener el abastecimiento interno y reducir importaciones.
Las cifras de producción de arroz, pollo, huevos y plátano, así como el crecimiento de las exportaciones agropecuarias hasta superar los US$3,600 millones, dan cuenta de ello.
Espaillat recibe un ministerio con programas en ejecución y una estructura productiva del país altamente concentrada: cinco rubros concentran más del 80% de la superficie agrícola trabajada. Esa concentración ha sido una fortaleza para la seguridad alimentaria, también plantea riesgos de mediano plazo.
El desafío no será reinventar la política agrícola, sino profundizar la tecnificación, diversificar con criterio y gestionar riesgos. En términos macroeconómicos, el agro ha aportado de forma consistente al crecimiento del PIB durante casi dos décadas, funcionando como un ancla de estabilidad en momentos de crisis. Mantener ese rol es clave para la economía en su conjunto.
El ramo de la construcción
La designación de Ito Bisonó en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones introduce otra variable económica de peso, que es la construcción. Se trata de uno de los sectores con mayor efecto multiplicador sobre el empleo y la demanda interna. El énfasis que distintos actores han puesto en la agilización de permisos y en la ampliación de los programas de vivienda no es casual. Cada retraso en la permisología tiene un costo económico; cada proyecto que se destraba impacta en empleo, consumo y formalización. El reto, en este caso, será traducir capacidad gerencial en resultados tangibles, sin generar cuellos de botella regulatorios.
Un elemento que no puede quedar fuera del análisis es la política social. En la dirección de Supérate, los datos muestran la magnitud del esfuerzo fiscal que implica. Más de 1.45 millones de familias reciben subsidios directos.
Parte social, preparación de terreno hacia lo fértil
En lo social, cientos de miles de personas participan en programas de capacitación, empleabilidad y cuidados. Esto conecta directamente con la sostenibilidad de las finanzas públicas. No hay política social viable sin una recaudación sólida, ni recaudación sostenible sin cohesión social. Los movimientos en Aduanas y DGII tienen, por tanto, un efecto indirecto pero decisivo sobre este frente.
Concretamente, los cambios realizados por el presidente Luis Abinader parecen apuntar un norte, el de reforzar las áreas que generan ingresos, asegurar la continuidad en los sectores productivos estratégicos y preparar el terreno para una segunda mitad de gestión donde la eficiencia del Estado será puesta a prueba. Por lo visto, no hay señales de improvisación ni de rupturas abruptas con sobresaltos.
