La agencia proyecta que el endeudamiento público descenderá del 49.3 % al 47.9 % del PIB en este 2026
La calificadora internacional Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo de República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable, al considerar la dinámica de crecimiento de mediano plazo, la capacidad de resistencia de la economía ante condiciones externas adversas y la evolución de las cuentas fiscales. En términos concretos, la decisión supone una mejor valoración de la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras y pagar su deuda.
La perspectiva estable indica que Fitch no prevé cambios en esa calificación en el corto plazo, de acuerdo con su evaluación actual. La mejora de un escalón en la calificación soberana responde, entre otros factores, al desempeño de la actividad económica, la diversificación de las exportaciones, el aumento de las entradas de divisas y la aprobación de una reforma tributaria en junio pasado, que no había sido anticipada por la agencia.
Fitch señaló que la economía dominicana ha mantenido un crecimiento sólido a pesar de la guerra con Irán y del incremento de los precios internacionales del petróleo, un factor externo al que el país está expuesto debido a su dependencia de las importaciones de éste.
La actividad económica se expandió un 4.6% interanual hasta septiembre, impulsada por un mayor consumo, la recuperación de la inversión y el dinamismo de las exportaciones, de acuerdo con datos del Banco Central.
La calificadora proyecta que el producto interno bruto (PIB) crecerá un 4.5% en 2026, una previsión superior al 3.5% que había estimado en su revisión de abril y también por encima de la mediana de 3.5% correspondiente a los países con calificación BB. De acuerdo con el documento publicado, para 2027 y 2028, Fitch espera que el crecimiento se mantenga alrededor de ese nivel, favorecido por la reducción de los precios del petróleo y el comportamiento del turismo, la construcción y las exportaciones. La proyección también supera la mediana de crecimiento de 4% que registra el grupo de economías con calificación BB.
La agencia consideró que la estructura diversificada de las exportaciones, el elevado ingreso por habitante y los indicadores de gobernanza, que compara favorablemente con los de países de similar calificación, constituyen elementos que respaldan el perfil crediticio dominicano. Entre los elementos que incidieron en la decisión figura la aprobación de una reforma tributaria en junio, la primera de este tipo en 14 años, según el análisis de Fitch.
La agencia estima que las medidas permitirían recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos netos, equivalentes a aproximadamente un 0.5% del PIB anual. Esa proporción es inferior al 1% del PIB que habría representado la reforma tributaria propuesta en 2024, que finalmente fue retirada.
Entre las disposiciones permanentes contempladas en la reforma figuran mayores impuestos a las transacciones financieras, los juegos de azar y los cigarrillos electrónicos, así como un nuevo impuesto a las aerolíneas y un tramo impositivo más alto sobre la renta.
También se contempla aumentar la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas de 27% a 30% durante un período de tres años.
Fitch considera que la reforma podría contribuir a una consolidación fiscal gradual, aunque prevé que la mayor parte de los ingresos adicionales se destine a la inversión de capital.
Sector externo, finanzas públicas
Respecto a la deuda pública, Fitch prevé que su relación con el PIB disminuya de 49.3% en 2025 a 47.9% en 2026. Esa proporción se mantendría por debajo de la mediana de 52.5% correspondiente a los países con calificación BB.
La reducción proyectada estaría respaldada por el crecimiento del PIB nominal y la apreciación del peso, a pesar de que el déficit fiscal sería ligeramente superior al del año pasado.
Para 2028, la agencia pronostica que la deuda pública aumentará ligeramente hasta representar el 48.9% del PIB, aunque continuaría por debajo de la mediana de las economías con esa calificación. Fitch también observó que aproximadamente dos tercios de la deuda dominicana están denominados en moneda extranjera. Esa proporción supera la mediana de 53.4% de los países con calificación BB, aunque se encuentra por debajo del 70% registrado en 2023.
El análisis distingue entre esa medición de la deuda y la deuda pública total, que alcanzó el 57.9% del PIB al cierre de 2025 cuando se incluye la deuda heredada del Banco Central.
En cuanto al comportamiento de las finanzas públicas, la calificadora indicó que la gestión fiscal se ha mantenido generalmente prudente, pese al incremento del costo de los subsidios a los combustibles. El gasto total del Gobierno central aumentó un 9% interanual hasta agosto, aun cuando los desembolsos destinados a subsidios crecieron un 26%. Durante ese mismo período, los ingresos registraron un incremento de 7%.
Para el cierre de 2026, Fitch proyecta un déficit del Gobierno central equivalente al 3.7% del PIB, superior al 3.5% registrado en 2025 y a la mediana de 3.3% correspondiente a los países con calificación BB. La agencia considera que ese resultado probablemente activará la cláusula de excepción de la regla fiscal.
Prudencia y debilidades estructurales a la vez
Aunque reconoce la prudencia general de la gestión presupuestaria, Fitch advierte que permanecen debilidades estructurales en las finanzas públicas dominicanas, principalmente por la limitada capacidad de recaudación y las rigideces del gasto. Entre los indicadores señalados figura la relación entre los intereses de la deuda y los ingresos públicos, que alcanzó el 21.9% en 2025, frente a una mediana de 11.9% entre los países con calificación BB.
A esto se agrega la situación financiera del sector eléctrico, que continúa representando una carga para las cuentas públicas debido a su déficit y a las pérdidas de transmisión, cercanas al 40%. La calificadora también señaló que las transferencias anuales destinadas a la recapitalización del Banco Central representan un 0.6% del PIB, por debajo del 1% del producto que el FMI estima necesario para alcanzar una recapitalización sostenible.
