Durante la última década el Presupuesto General del Estado ha estado formulado bajo una fuerte incidencia del gasto corriente y del financiamiento. Esos elementos son la esencia del destino de los recursos públicos y la sustentación o estructuración del gasto estatal.
Desde el 2012 hasta la fecha, la deuda ha sustentado entre 20 y 33 por ciento del gasto total, mientras que los gastos corrientes han consumido entre 72 y 87 por ciento de la erogación total proyectada.La hegemonía del gasto corriente sobre el gasto total ha sido consistentemente creciente, en ocasiones con saltos importantes. En esa misma tendencia se ha ido diluyendo el gasto de capital o inversiones. El tamaño del presupuesto formulado se ha multiplicado por 2.78 veces. De ese período, el presupuesto con mayor distorsión fue el formulado para el 2012, al ser diseñado tomando en consideración un acuerdo financiero que existía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se rompió durante el último tramo del convenio, en el primer trimestre del 2012. Faltaban por desembolsar 500 millones de dólares. El impasse se produjo porque el acuerdo preveía ajustes a la tarifa eléctrica, cuya última parte el Gobierno no aplicó, con lo cual el acuerdo se cayó.
En el diseño del Presupuesto 2012, aprobado en el último trimestre del 2011, el Gobierno se había comprometido con las metas fiscales acordadas con el FMI que implicaban tomar una serie de medidas para mejorar la administración fiscal y la política tributaria, en procura de generar ingresos adicionales, con el propósito de continuar manteniendo el desarrollo económico con estabilidad.
Para el año 2012, un período electoral, se contempló un ajuste del 0.7 punto porcentual en el balance fiscal del Gobierno Central, el cual alcanzaría un déficit de RD$22,443.7 millones, correspondiente a un 0.9% del PIB Nominal. Sin embargo, ese ejercicio registra el más elevado desequilibrio fiscal del período analizado. El Gobierno que inició el 16 de agosto de ese año se vio obligado a presentar una reforma tributaria que aplicó parcialmente.El monto del Presupuesto General del Estado 2012 fue de RD$374,182.5 millones, de los cuales RD$78,261.9 , millones, equivalente al 20.91 del gasto de ese período, correspondían a deuda. Para ese año se presupuestó una composición de 74 % de gasto corriente y 26 % de gasto de capital. Ambos referentes se dispararon porque al ser un año de elecciones y ya fallido el acuerdo con el FMI, se realizaron obras y transferencias no contempladas en el Presupuesto, por lo menos en la magnitud de las erogaciones.
La administración que se instaló el 16 de agosto del 2012, que no diseño el Presupuesto de ese año porque le correspondía al Gobierno que sustituyó, presentó para el 2013 su “modelo presupuestal”, al presentar una pieza mayor en un 21.52 por ciento en el gasto planteado, un valor de RD$454,727.2 millones frente a RD$374,182.5 millones del período anterior, el cual compartió en ejecución pero no en formulación.
En el Presupuesto del 2013 se duplicó el monto de la deuda, pasando de RD$78,261.9 millones en el 2012, a RD$146,421.1 millones. El impacto de la deuda en el proyecto formulado fue de 32.19 por ciento, unos 12 puntos porcentuales más que en el anterior. El peso del gasto corriente subió a 78.4 por ciento, unos 4.4 puntos porcentuales por encima del 2012. El gasto corriente bajó en teoría a un 21.6 %. En teoría, el déficit fiscal planteado para el 2013 (RD$70,302. Millones, un 2.8 % del producto interno bruto), fue tres veces mayor al del diseño del 2012, cuando se presentó un monto de RD$22,443.7 millones como meta de ese período.
La alta participación de la deuda y los gastos corrientes se ha mantenido en los siguientes períodos fiscales. Para el 2020, cuando la administración del Presupuesto fue compartida entre los gobiernos presididos por Danilo Medina y Luis Abinader pero el diseño le correspondió a la gestión saliente, el gasto total aprobado originalmente fue de RD$861,074.4 millones, con un financiamiento ascendente a RD$246,295.5 millones, que representaron el 28 % del gasto aprobado. Para concluir ese presupuesto fueron necesarios dos proyectos complementarios, uno en junio y el otro en noviembre, con los cuales se enfrentaron gastos vinculados a la pandemia del covid-19, que afectó al país desde marzo del 2020. Con las dos piezas adicionales, el gasto total de ese período superó el billón de pesos. En la propuesta original, los gastos corrientes representaban 84 % del gasto total y el financiamiento era el 28 %. Pero el aumento del gasto por el covid, incrementaron el componente del gasto corriente y del financiamiento. Todas las erogaciones fueron esencialmente para gastos no reproductivos y se ejecutaron con financiamiento fuera de los montos aprobados en la primera versión presupuestal.
Presupuesto 2021 es nuevo modelo
En el proyecto del 2021, el primero cuyo diseño le corresponde al Gobierno del presidente Abinader, el monto fue de RD$891,378.8 millones, con una cuta de financiamiento por RD$291,528.5 millones, la más elevada en monto de la historia presupuestal, aunque menor en ponderación del gasto total que la del año 2015, cuando se registró un 33.15 por ciento. La presentada para el 2021 era en la propuesta original de un 32.70 por ciento.
En ese primer Presupuesto del presidente Abinader la ponderación de los gastos corrientes subió 86.2 por ciento. Los gastos de capital o inversiones cayeron a 13.8 por ciento, en la teoría. En julio del 2021 se presentó un presupuesto complementario que modificó los montos, sin mejorar los parámetros.
Para el cursante presupuesto, que ya tiene en el Congreso una propuesta de complementario, el monto original planteado y aprobado en el nivel del gasto es de RD$1,046,280.6 millones, de los cuales el financiamiento contemplado es de RD$284,079.8 millones, equivalente a un 27.15 por ciento del monto total, una participación ligeramente inferior a la del 2021, que fue 32.70.
Para el cursante presupuesto, en su versión original, el gasto corriente representa el 86.6 por ciento y el de capital 13.4 por ciento. La tendencia creciente de la primera categoría de gasto se mantiene y la descendiente de la segunda también.
