El Gobierno propondrá entre este mes y enero de 2021 una modificación a la Ley 57-07, de Incentivo a las Energías Renovables, y lo hará en procura de revertir el pobre desempeño del país en la generación de energía a partir de viento y sol, por ejemplo.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, le dijo a elCaribe que la idea no será obstaculizar, sino impulsar y actualizar la inversión en fuentes renovables para generación de energía.
“Cuando se analiza las metas establecidas en la ley, luego del reglamento, en cuanto a la cantidad o participación de las renovables en la oferta total de electricidad y consumo, hay que concluir que el país se quedó muy atrás. Y todo indica que no ha sido suficiente con la aprobación de la ley, y ni siquiera con el reglamento. Había que tener una política que se correspondiese con el flujo de demanda de concesiones definitivas y de ofertas de inversión en electricidad en ese rubro en el país, que vendrían”, dijo el funcionario público.
Expone sus planteamientos respondiendo a una pregunta relacionada con la falta de correspondencia entre los múltiples proyectos de energía no convencional anunciados por años, así como las concesiones otorgadas a empresarios, y la falta y los proyectos que cuajaron.
Si bien el país ha ampliado su matriz de generación, especialmente con la incursión de proyectos de gas natural, en la parte de energía renovable se ha estado esperando un empuje mayor, asumiendo que se cuenta con una ley que otorga incentivos para ello. En 2018 la dependencia de derivados de petróleo era de 38.1%, de gas natural era de 32.9%, de carbón un 13%, de agua 11.2%, de viento 3.1%, de biomasa 1.3% y solar 0.5%. El ministro Almonte sostiene que la participación ha debido ser mayor, pero por temas diversos no ha sido así.
“Uno de los temas es la base sobre las cuales llegaban esas inversiones, que implican básicamente, en muchos casos, que se conceda o se aspiraba a que se le concediera a los inversionistas un contrato PPA, que es un contrato de compraventa de energía”, expone.
“Las empresas que tenían renovables aspiraban a contratos de largo plazo, que muchas veces oscilaban entre los 10, 15 o 20 años, en donde se establece el precio de compra y las condiciones de entrega de la energía. Esos contratos, de acuerdo con la ley y al reglamento, los asumiría la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Y los asumió. En otras palabras, el Estado era garante del pago durante los años de vigencia del contrato, del pago de la energía que esa empresa vendiera a un precio determinado”, dijo el ministro.
Y agregó: “El caso es que a la hora de conceder los contratos hubo muchas dificultades. Se dice, en algunos casos, que porque no hubo un comportamiento transparente de las autoridades del momento. Y hubo discriminación en el otorgamiento de contratos y concesiones”.
Aseguró que hubo acumulación de una gran cantidad de concesiones definitivas, que finalmente no han podido iniciar sus proyectos, en algunos casos por fallos de los concesionarios, y en otros por falta de claridad y cambios en algunas reglas de juego.
Hay que evitar que los inversionistas se retiren
Una de las primeras cosas que preparamos para someter es la actualización de la ley. “La actualización se cae de la mata, porque en 2007 el perfil de costos de la energía solar y renovable era uno, y en 2020, con el avance del cambio tecnológico es otro. La energía solar cayó en picada en su precio y el precio de la eólica. Y sigue en cambios y en modificaciones. Por consiguiente, no podemos tener una estructura de ley, reglamentaria y oferta de contrato y de precio igual a una realidad que ya no existe”, dijo el ministro de Energía y Minas. Planteó la importancia de agilizar los permisos para evitar que las empresas que vienen con capital para invertir en el país se espanten.
