Al inicio de la actual gestión había cinco activos; pago por servicios ambientales necesita fuente de financiamiento
El país cuenta con 20 planes de manejo aprobados para áreas protegidas, frente a los cinco que estaban activos al comenzar la actual gestión. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, considera que esos instrumentos son necesarios para ordenar los territorios y reducir conflictos con las comunidades que viven en los alrededores de esas áreas del país.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está integrado por aproximadamente 134 espacios. Los planes establecen cómo deben organizarse y manejarse esas áreas y cuáles elementos de conservación deben recibir protección.
La aprobación de esos instrumentos también tiene consecuencias fuera de los límites de cada área protegida. El ministro Henríquez señala que pueden incidir en terrenos colindantes y en las zonas de amortiguamiento, donde decisiones adoptadas al momento de incorporar espacios al sistema generaron restricciones y situaciones jurídicas que han afectado a comunidades. Sostiene que algunas áreas fueron declaradas protegidas en el pasado sin que se realizara previamente el estudio necesario para determinar los elementos que debían conservarse. Como resultado, les dijo a elCaribe y CDN la pasada semana, se tomaron decisiones sobre las zonas de amortiguamiento y se bloqueó parte de esos territorios hasta que existieran planes de manejo. La situación se complicó después del decreto de 2009, que incorporó más de 30 áreas protegidas y alcanzó a más de 40 comunidades. Para Henríquez, la conservación requiere involucrar a los residentes, que no deben percibir la protección como una prohibición a su desarrollo.
El ministro presentó los 20 planes como un avance, aunque no detalló cuáles áreas cuentan con esos instrumentos, cuándo fueron aprobados ni qué cambios se han aplicado. Tampoco ofreció un calendario para completar los planes pendientes. Según el ministro, las áreas protegidas abarcan casi el 27 % del territorio nacional y conservan y producen el 85 % del agua. Buena parte está en las cuencas altas, donde nacen los ríos y se capta el agua.
Desde el punto de vista de Paíno Henríquez es importante vincular los planes con la necesidad de ordenar las actividades dentro y alrededor de esas áreas. Mencionó la presión del crecimiento turístico y urbano y de la expansión de la frontera agrícola. El ministro indicó que, junto con la organización legal, el Ministerio trabaja en recuperar áreas de núcleo y conservación. La planificación de las áreas protegidas a las que se refiere del ministro de Medio Ambiente, sin embargo, no debe confundirse con los planes de manejo de bosques. Estos últimos tienen una trayectoria de décadas en el país y están vinculados al aprovechamiento forestal bajo criterios de sostenibilidad. Henríquez recordó que hay planes de manejo de bosques con 30 años, mientras que los instrumentos para las áreas protegidas ordenan el uso y la conservación de territorios incorporados al sistema.
Esa diferencia que refiere es importante. Un plan de manejo de un área protegida establece cómo se administra y conserva ese espacio; uno forestal organiza el manejo de una finca o plantación para producir madera bajo criterios de sostenibilidad. En publicaciones anteriores, elCaribe ha explicado que este último requiere un proceso distinto al permiso puntual para cortar árboles.
En septiembre de 2022, este diario informó sobre la suspensión temporal del aprovechamiento de madera bruta mediante la resolución 0034-2022 y la posterior derogación de esa medida con la resolución 0036-2022. Ese episodio no permite establecer cuál es la situación actual de las autorizaciones forestales.
La otra herramienta que el ministro relacionó con la conservación y la actividad productiva es el pago por servicios ambientales (PSA), que compensa a quienes mantienen recursos naturales de los que se benefician otras personas o actividades. Henríquez dijo que el Gobierno cree en ese modelo, pero reconoció que la ley dominicana no identificó una fuente de ingresos para financiarlo.
La Ley 44-18, que establece el pago por servicios ambientales, fue promulgada en 2018. De acuerdo con datos ofrecidos, el ministerio trabaja o ha trabajado en los últimos detalles del reglamento de aplicación. En la conversación sobre el tema, el ministro dijo que prefiere tener el dato preciso, para no arriesgarse a decir algo que no se corresponda, respecto a si fue depositado. También planteó que la institución debe evaluar si conviene modificar la ley para resolver la falta de recursos que, a su juicio, limita su puesta en marcha.
Henríquez utilizó como referencia a Costa Rica y México. Explicó que Costa Rica, pionera en la región, creó una fuente específica de financiamiento mediante un impuesto a los hidrocarburos, cuyos recursos se canalizan a través de Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal). A su entender, esa identificación de fondos ha permitido sostener un sistema de pagos. En el caso dominicano, la ley tiene un concepto adecuado, pero no estableció de dónde saldría el dinero para compensar a los proveedores de servicios ambientales.
El ministro mencionó experiencias que, según explicó, apuntan a la aplicación de ese enfoque mediante proyectos concretos. Dijo que en un proyecto relacionado con café se paga por servicios ambientales a 3,500 productores que habían pasado a cultivos de ciclo corto.
También se refirió a un acuerdo con unas 200 familias de Rancho Arriba, San José de Ocoa. Explicó que la propuesta consiste en pagarles si migran nuevamente al cultivo de café o son reubicadas, y señaló que se habían identificado fondos de cooperación para hacerlo. Sus declaraciones describen una iniciativa prevista y una fuente de recursos identificada, pero no establecen que los pagos a esas familias ya hayan comenzado.
El tema conecta la cuestión de la conservación con la preocupación de las zonas productivas, de que cuando los agricultores sustituyen cultivos permanentes, como el café, por rubros de ciclo corto, cambia el uso del suelo y puede aumentar la presión sobre las laderas y las cuencas.
Defensa para mantener agricultura compatible
En reportajes de 2012 y 2017, este diario recogió planteamientos de cafetaleros que defendían los incentivos para mantener una agricultura compatible con la protección del agua. En 2017, el proyecto piloto de la cuenca del Yaque del Norte involucraba al Ministerio de Medio Ambiente, la Empresa de Generación Hidroeléctrica (Egehid) y a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), con apoyo de la cooperación alemana. Se reportaron pagos a propietarios de bosques y cafetales bajo sombra. En 2022, beneficiarios y organizaciones consultadas dijeron a este diario que esos pagos se habían descontinuado.
