Inconvenientes de tipo financiero impidieron que la obra fuera terminada en el tiempo previsto por las autoridades
El 2017 cerrará dejando puntos abiertos del importante proyecto de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, incluyendo la propia terminación de la obra, que debió moverse de la agenda de este año, para el entrante 2018.
Este año, en el camino no solo surgieron problemas de financiamiento y una situación no esperada, luego que se desataran los escándalos en que está envuelta la empresa brasileña Odebrecht, con alcance en un conjunto de países (incluidos República Dominicana, donde se investigó un supuesto soborno por US$92 millones), sino que la firma constructora está requiriendo al Gobierno dominicano -desde agosto pasado- un pago de US$708 millones, adicionales a los US$1,945 millones que establece el contrato de ingeniería, procura y construcción de las plantas de carbón.
La constructora Norberto Odebrecht, junto a las empresas Tecnimont e Ingeniería Estrella S.R.L conforman el consorcio ganador de la licitación para construir la obra, ubicada en la provincia Peravia. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha advertido a Odebrecht que el Gobierno no pagará ni un centavo adicional al monto original establecido en el contrato. Las partes han sostenido reuniones para debatir el tema y presentar argumentos. Hasta ayer no se había llegado a un punto coincidente. Por lo menos no se ha informado públicamente de arreglo alguno.
Todo indica que el conflicto -de mantenerse las cosas al nivel actual- se iría a arbitraje internacional. De hecho, a principios de noviembre varias fuentes consultadas aseguraron que “el Estado ha sostenido reuniones con varias firmas de abogados en EE.UU, expertas en litigación internacional y prácticas de arbitraje. Mientras, según las mismas fuentes, Odebrecht había notificado a su personal que si no hay éxito en la conversación con el Estado dominicano, contratarán expertos internacionales para que asuman su defensa.
El debate sobre Punta Catalina fue extenso este año y hubo incluso personas (como Luis Acosta Morela –El Gallo-) que llegaron a decir que “manos estadounidenses están detrás de que esta se paralice”… Cosa que no ocurrió. Moreta es presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC).
En enero de 2017 el Poder Ejecutivo creó una comisión para investigar si la licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica se hizo cumpliendo con los requerimientos. En julio esa comisión determinó que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio está en un rango “razonable”. Sin embargo, la comisión recomendó modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Al presentar el informe, elaborado en seis meses, el consultor Jaime Aristy Escuder, hablando por la comisión, afirmó que “no se dispone de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador” frente a los otros aspirantes a ejecutar la planta de carbón. En cuanto al precio de la oferta y para determinar si fue razonable, la comisión complementó su trabajo con una auditoría externa encargada a la firma estadounidense FTI Consulting, que comparó la cuantía del proyecto de la planta con el precio de otras infraestructuras similares desarrolladas en América.
La comisión creada por el Ejecutivo la encabezó Agripino Núñez Collado y la integraron el pastor evangélico Jorge Alberto Reynoso, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); el empresario José Luis Corripio; Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Sindical Clasista; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresidente de la CDEEE; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE, y Jaime Aristy Escuder, economista. César Sánchez renunció antes de que la comisión presentara sus conclusiones, porque fue apresado como parte de los ocho acusados en el caso de los sobornos de Odebrecht. Para entonces se le dictó prisión preventiva. En el caso de Escuder, fue designado el 31 de julio como administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Cuando la comisión que había sido designada en enero y cuando visitó el proyecto en febrero, el avance de la infraestructura (mirándola como un todo) era del 72.7%. En un “corte” más reciente, realizado a septiembre de 2017, se calculó un nivel de avance del 81% y el seguimiento de un calendario tendente a hacer las primeras pruebas en julio de 2018.
En septiembre la administración de Punta Catalina debió aclarar que la misma no se inundó, como se decía en un video que circulaba en Internet. “Como es lógico, las lluvias provocaron acumulación de agua en la parte baja, pero no en las instalaciones de las plantas”, dijo para entonces Jaime Aristy Escuder. Las lluvias a las que se hizo referencia el administrador fueron provocadas por el huracán Irma, de categoría 5.
Uno por vender terrenos; el otro tiene alto interés
En julio de este año al tema per se de las plantas de carbón se agregó otro elemento: el de los terrenos donde está colocada la obra.
La Compañía Anónima de Explotaciones Industriales (CAEI), del grupo Inicia (Vicini), propietaria de los terrenos donde se construyen las plantas de carbón en Punta Catalina, anunció que se encuentra en disposición de iniciar un proceso de negociación para la venta de los mismos bajo los términos y condiciones aceptables para ambas partes y establecidos en el contrato.
Del lado del Gobierno, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó que acogía todas las recomendaciones que indagó sobre la licitación de Punta Catalina.
Parte de esas recomendaciones iban en el sentido de que el Estado adquiriera el inmueble donde se realiza la construcción de la obra citada. “Vamos a esperar qué decisión va a tomar el Gobierno en ese sentido”, dijo Peralta.
