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Los avances en la tributación de emisiones de carbono en la región latinoamericana y caribeña han sido limitados, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos países.
Aunque se han implementado impuestos al carbono en varios países desde principios de los años noventa, la cobertura y efectividad de estas medidas siguen siendo insuficientes para abordar de manera integral el desafío del cambio climático.
Datos recopilados indican que, hasta el año 2023, sólo un número reducido de países ha avanzado significativamente en la aplicación de impuestos al carbono. Por ejemplo, Chile ha establecido un impuesto directo sobre las emisiones en las fases posteriores del proceso, mientras que otros países gravan las ventas o importaciones de combustibles líquidos y sólidos en función de las emisiones de CO2 o equivalente de CO2 generadas a partir de su combustión.
El impuesto al carbono es una tarifa que los gobiernos cobran a las empresas por emitir dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes al producir energía, operar fábricas o utilizar vehículos.
Emitir dióxido de carbono significa lanzar gases al aire que contribuyen al cambio climático, generalmente al quemar combustibles fósiles como petróleo o carbón, entre otros. Para determinar cuánto deben pagar, las empresas miden la cantidad de CO2 que producen, y luego el gobierno les cobra un precio fijo por cada tonelada de CO2 emitida. Por ejemplo, si una fábrica emite 1,000 toneladas de CO2 y el precio es de 20 pesos por tonelada, la empresa paga 20,000 pesos de impuesto al carbono.
El informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2024” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), plantea que la mayoría de los países de la región aún enfrentan desafíos en la implementación efectiva de estos impuestos.
Las diferencias en la construcción, puntos de regulación y bases imponibles de los impuestos al carbono, así como la variabilidad en los precios del carbono entre los países, reflejan una falta de armonización y coordinación en las políticas climáticas de la región.
Además, los ingresos recaudados por estos impuestos siguen siendo bajos en comparación con el potencial que representan para financiar políticas ambientales y de mitigación del cambio climático. Aunque países como Uruguay han logrado recaudar hasta el 0.36% del PIB en 2022 debido al alto precio del carbono, en otros países como México esta cifra apenas alcanza el 0.01% del PIB en el mismo período.
El informe de la Cepal plantea la necesidad de un mayor compromiso y acción por parte de los gobiernos de América Latina en la implementación de medidas efectivas para la tributación de emisiones de carbono.
“A medida que la urgencia de abordar el cambio climático se hace cada vez más evidente, es crucial que los países de la región intensifiquen sus esfuerzos para avanzar hacia una economía más fuerte”, indica la Cepal en su informe.
También destaca algunos desafíos pendientes en la tributación de emisiones de carbono en América Latina. Por ejemplo, la falta de coordinación y armonización entre los países dificulta la creación de un marco regional sólido para la aplicación de impuestos al carbono. Esta disparidad en las políticas climáticas puede generar distorsiones en el mercado y obstaculizar la eficacia de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Además, la variabilidad en los precios del carbono entre los países refleja diferencias en la capacidad y disposición para internalizar los costos ambientales de la emisión de carbono en el proceso productivo. Mientras algunos países han optado por establecer precios más altos para incentivar una transición hacia una economía baja en carbono, otros mantienen precios bajos que no reflejan adecuadamente el costo real del impacto ambiental”, sostiene.
