Eso que plantea significa que sean revisables los incentivos que se otorgan y esa revisión podría hacerse cada diez años, desde su punto de vista. El ministro Ceara Hatton plantea que se realice un análisis sobre costo-beneficio social. Eso es, garantizar que se logre impacto en la zona donde se ubiquen las empresas beneficiarias de los incentivos, expresado ese impacto, por ejemplo, en empleos generados.
“Si yo te doy incentivos y al cabo de esos diez años tú no cumpliste, entonces tú vas a perder esos incentivos. Si cumpliste, eso sería fantástico y te los puedo extender por diez años más”, explicó. Desde su óptica, hay que establecer un criterio de medición en las evaluaciones, que garanticen que, por ejemplo, el 80% (el número está en discusión) del empleo esté en región donde está la industria.
Entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, al ministro de Economía se le preguntó si se han identificado otras actividades económicas que podrían ir a la zona fronteriza, adicional a las existentes hace años. Su respuesta fue esta: “Un poco tiene que ver con la iniciativa empresarial. Estamos creando las condiciones que las empresas se coloquen allá (en la frontera)”.
Mientras, Erick Dorrejo, director de Planificación y Desarrollo de la Zona Fronteriza, del Ministerio de Economía, agregó que hay una visión estratégica en término de la agropecuaria, de generar valor agregado hacia lo agro, sobre el tema zonas francas. “Incluso, nuestro interés es que esta ley aclare cosas que la ley anterior las dejaba muy en el aire. Que la ley precise cuáles son los incentivos, cuáles son las actividades y que otras leyes que proveen ciertos incentivos, como las que envuelven el temas turístico, no aparezcan ahí. Queremos que la ley esté focalizada para aquellas actividades que nosotros queremos impulsar allá, en la zona fronteriza, y todo el tema de agro, zonas francas y de generación de valor agregado a materias primas que producen ahí sean parte de esa ley”, sostuvo Dorrejo.
La plataforma para que la inversión privada llegue
La zona fronteriza es un quinto del territorio nacional, que envuelve unos 10,000 kilómetro cuadrados. Son siete provincias, dice Dorrejo. “Es una zona que ha sido subutilizada. Se busca llevar una visión estratégica a la zona fronteriza, que es un área eminentemente rural, para que los servicios y la infraestructura de carácter público puedan localizarse ahí, y que se prepare una plataforma para que la inversión privada se localice allá”, dijo.
