La organización internacional critica que el país tenga 40 ministerios cuyos gastos son un “misterio”
“En República Dominicana los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas del Estado conviven perfectamente con una cultura política fundamentada en un sistema clientelar y corrupto que alcanza niveles épicos y roba recursos que deberían estar siendo empleados en paliar desigualdades y garantizar derechos”.
Así lo plantea “Autopsia Fiscal: evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para garantizar los derechos”, una investigación presentada ayer por la organización Oxfam. Asegura que “a pesar de ser el país de mayor crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, la política fiscal en República Dominicana padece de una limitada capacidad para orientarse a la garantía de derechos de la gente”. “Es un Estado que no hace lo suficiente para garantizar derechos”, planteó Oxfam, al ofrecer los detalles, en un encuentro sostenido con la prensa a media mañana en el Hotel Raddison, de la capital. Posteriormente -en la noche- se realizó otro evento para presentar los resultados a un público más amplio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De acuerdo con los cálculos que realiza la organización no gubernamental, para garantizar un mínimo de derechos, la inversión social en el país debería situarse entre 11.9% y 14.5% del Producto Interno Bruto para el año 2020. “Sin embargo, las proyecciones oficiales indican que apenas se llegará a cubrir un 8.2% del PIB para ese año. “Ni los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en general, ni de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) -en particular- podrán cumplirse con tan bajo nivel de gasto en políticas sociales”, sostuvo Rafael Jovine, oficial de Fiscalidad de Oxfam en República Dominicana, el realizador del estudio.
“República Dominicana registra la tercera inversión social más baja de la región, solo detrás de Haití y Guatemala. Y tenemos un presupuesto con serias limitaciones a la hora de reportar producción de bienes y servicios”, advirtió.
Según Oxfam, al cierre del año fiscal 2018, de un total de 165 instituciones públicas del Gobierno Central, el 73.3% (121 instituciones) no dijo nada acerca de qué efectivamente lograron al ejecutar el presupuesto asignado. “No hay indicio alguno de productos y servicios que respalden su ejecución del gasto público. Por el contrario, apenas un 22% o 36 instituciones del Gobierno Central presentan un cumplimiento normal de los servicios públicos bajo su responsabilidad”, apuntó, poco antes de que los periodistas formularan variadas preguntas sobre el tema base que motivó el encuentro.
Dijo que existen ministerios cuyos gastos son un misterio, y que hay 40 programas sustantivos repartidos en 22 instituciones públicas que, según la organización, no presentan planes de producción, ni listado de beneficiarios, unidades de medidas, metas físicas ni vínculos directos con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
“Quiero decir que prácticamente se les ha entregado RD$79,323.6 millones (1.8% del PIB) sin compromiso alguno de rendir cuentas por ello. A pesar de la gran cantidad de instancias y programas que presentan estas violaciones a la ley orgánica de presupuesto, el 59% del monto total (casi 6 de cada 10 pesos) se concentra en cuatro instituciones”, plantea.
Entre los ministerios citados en el informe Oxfam figuran el de Obras Públicas y el Administrativo de la Presidencia. Según el documento, Obras Públicas mantiene siete programas sin registro de producción física que concentran casi RD$16,000 millones. “La mayoría de estos programas corresponde a asignaciones de recursos para infraestructura física de construcción y pavimentación de carreteras y calles. Eso es una práctica política muy común cuando se acerca el período electoral, a partir del cual las partidas presupuestarias destinadas a este tipo de obras públicas se incrementan de forma significativa”, expone Oxfam.
En función de los casos levantados, la organización internacional, asegura que “el coste anual promedio consolidado estimado de la corrupción en República Dominicana es 1.1 % del PIB.
Muy mal visto a nivel de región latinoamericana
Jovine no se anduvo con rodeos en el abordaje del tema. “República Dominicana es el segundo país más corrupto en América Latina, según datos de Latinobarómetro 2018. Solo durante el periodo 2016-2018, el volumen de recursos envueltos en casos de corrupción o dispendio de recursos que han salido a la luz pública sería suficiente como para duplicar las transferencias de recursos asignados a todos los ayuntamientos el país”, expuso.
Reconoció que en los últimos siete años el país mejoró mucho tanto sus índices de transparencia presupuestaria como el sistema de datos abiertos del Gobierno, pero a la vez indica que el Gobierno insiste en enmarcar la lucha contra la corrupción y la impunidad solo a partir de los esfuerzos por mejorar la transparencia gubernamental.
La queja
“Por las irregularidades, en el país se socava la protección social, la educación y las actividades deportivas y recreativas”.
