La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, aseguró que este 2025 ha sido un año retador en todos los sentidos, pero que ha permitido exhibir grandes logros, a la vez que identifica desafíos importantes por delante.
En ese marco, la funcionaria informó que la institución ya tiene listo el borrador del proyecto de ley que modificaría la Ley General de Defensa de la Competencia, una reforma que busca poner a la República Dominicana en condiciones de competir con normas alineadas a los mejores estándares internacionales.
Entrevistada en el Desayuno del periódico elCaribe y CDN 37, Vásquez explicó que la modificación a la Ley 4208 incorpora recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), adecuando la legislación nacional a buenas prácticas internacionales. Destacó que, actualmente, el país es el único de la región sin control de concentraciones, lo que dificulta la labor de la autoridad para prevenir conductas anticorrupción. La reforma también contempla cambios en el régimen de sanciones, la incorporación de mercados digitales y ajustes en los plazos de actuación, constituyendo así una actualización integral de la normativa vigente.
En la conversación, María Elena informó que Procompetencia presentó y logró la aprobación por parte del presidente de la República de la política nacional de competencia.
“Este es el único país de la región con una política nacional de competencia claramente definida y el Presidente de la República emitió el Decreto 196-125 que prioriza esa política nacional de competencia, que se encuentra alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual y el proyecto que nos hemos trazado como país de la meta RD2036 de publicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana para el 2036”, explicó.
Desde su punto de vista, Procompetencia tiene un rol fundamental para el desarrollo económico de la República Dominicana y los indicadores económicos así lo manifiestan. “Lo que pasa es que es un poco difícil visibilizar los efectos de la competencia porque es un tema abstracto. No obstante, los estudios indican que en los países donde se aplica la política de competencia, el derecho a la política de competencia tiene un crecimiento económico de entre 1 y 2% adicional, pero también incentiva la inversión extranjera directa”, apuntó.
La política nacional de competencia, según detalló, implica la interacción con 30 instituciones del Estado y busca articular estrategias entre el sector público y privado, y promover una economía basada en libre y leal competencia.
María Elena Vásquez acudió al encuentro reforzada de suficiente datos para responder todas las preguntas colocadas sobre la mesa, y en compañía de José Beltré, director de Promoción y Abogacía de la Competencia; Liverca Gómez, encargada del Departamento de Estudios Económicos y de Mercados; y José Miguel García, director de Comunicaciones.
Escuchada atentamente por cada uno de ellos informó que uno de los programas destacados de Procompetencia es la Semana de la Competencia, que este año celebra su tercera edición. La iniciativa busca visibilizar el trabajo institucional y fomentar actividades con distintos sectores del país. Vásquez subrayó la importancia de la formación de oficiales de ética e integridad gubernamental, en colaboración con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para que actúen como veedores en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Por un lado, prevenir las prácticas anticompetitivas, prevenir barreras en los pliegos de condiciones en los procesos de compras y contrataciones. Ustedes saben que en los pliegos de condiciones es donde se bate el cobre, es donde se puede incluso decidir, definir a qué oferente se les quiere vender”, indicó, con un manejo certero del tema.
Esa formación a la que se refiere busca alcanzar 1,000 servidores públicos, y hasta la fecha se han capacitado 800. Además, la institución aprovechará la semana para la rendición de cuentas, incluido el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos presentar denuncias, solicitar capacitaciones y acceder a los servicios de Procompetencia de manera intuitiva y accesible.
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Una interesante jornada
Durante la Semana de la Competencia, también se programó una sesión técnica con el Congreso Nacional, contando con expertos de la OCDE, el BID, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la George Washington University, para debatir sobre el proyecto de actualización de la Ley 4208.
Asimismo, se prevé la formación de jueces y la realización del primer congreso internacional de competencia y mercados digitales los días 30 y 31 de octubre. Vásquez tiene bastante claro que los mercados digitales han transformado las reglas de competencia, y ha cambiado incluso la forma de determinar el mercado relevante (el espacio en el cual las empresas compiten entre sí), debido a que muchos servicios son gratuitos y el intercambio se basa en datos, lo que exige nuevas regulaciones y lineamientos en la legislación nacional.
En materia de informes de abogacía, labor poco visible pero fundamental, Procompetencia ha emitido 37. El último fue sobre la modificación de la Ley de Residuos Sólidos, presentado al Congreso Nacional y al presidente de la República, influyendo en su decisión de observar el proyecto por consideraciones de competencia. Vásquez destacó que dicho informe fue refrendado por asociaciones y gremios empresariales, señalando monopolios regionales y contratos prolongados que podrían contravenir la Constitución y limitar la competencia efectiva.
En el análisis del mercado de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Procompetencia identificó que tres ARS concentran más del 70% del mercado. Vásquez explicó que esta concentración moderada tiene implicaciones para los afiliados y el sistema de salud, debido a que los actores dominantes pueden definir condiciones y afectar la calidad del servicio. Sin embargo, la presencia del Seguro Nacional de Salud – Senasa- genera un efecto procompetitivo, y se recomendaron ajustes en la inclusión de nuevos asegurados para no reforzar posiciones de dominio. También se destacó la necesidad de implementar plenamente la atención primaria como un componente esencial del sistema de salud.
Procompetencia ha presentado varias guías metodológicas reconocidas internacionalmente, incluida la determinación del mercado relevante y ayudas estatales, así como un estudio sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo 2801, que evalúa su impacto socioeconómico y ofrece recomendaciones para futuras modificaciones.
Sobre el papel general de la institución, Vásquez afirmó: “Procompetencia desempeña un rol fundamental para el desarrollo económico de República Dominicana y los indicadores económicos así lo manifiestan.
Lo que pasa es que es un poco difícil visibilizar los efectos de la competencia porque es un tema abstracto. No obstante, los estudios indican que en los países donde se aplica la política de competencia, el derecho a la política de competencia tiene un crecimiento económico de entre 1% y 2% adicional, pero también incentiva la inversión extranjera directa.”
La presidenta detalló que la existencia de una ley de competencia y una autoridad con credibilidad proporciona seguridad jurídica a los inversionistas, un factor crucial para atraer capital extranjero y fortalecer la economía.
En respuesta a una pregunta respecto a la articulación con otros reguladores y sobre cómo se trabaja para que los roles no de crucen, explicó que Procompetencia ha suscrito acuerdos con la mayoría de ellos, aunque señaló que la OCDE y el BID recomiendan una homogenización de procedimientos y sustantivos con los sectores regulados, ya que muchas leyes previas a la Ley 42-08 dejan de lado la competencia.
En la entrevista, uno de los periodistas destacó la importancia de que la ley actúe como un tabulador en los procesos legislativos. Vásquez respondió que la función de abogacía de Procompetencia permite emitir recomendaciones sobre resoluciones y reglamentos para proteger la competencia, aunque estos informes no son vinculantes y dependen de la discreción de los reguladores.
Mientras, José Beltré explicó que la falta de obligatoriedad de estos informes resalta la necesidad de facultades más amplias para Procompetencia, de modo que sus recomendaciones sean efectivas y se pueda establecer un marco común de competencia.
Sobre la imparcialidad y la objetividad
Procompetencia también ha reforzado los mecanismos para garantizar imparcialidad y confidencialidad en sus procesos de investigación, un aspecto crítico ante la posibilidad de que competidores cuestionen la objetividad de la institución. Eexisten dos niveles de actuación: el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.
El Consejo Directivo funciona como un tribunal de la competencia, integrado por cinco miembros seleccionados a partir de ternas presentadas por el presidente de la República, tres ratificados por el Senado y dos por la Cámara de Diputados. Los miembros permanecen cinco años inamovibles, lo que asegura la independencia en la toma de decisiones, fundamental tanto para empresas como para el propio Gobierno.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva actúa entonces como fiscal de la competencia, encargada de realizar investigaciones e instruir los procesos.
