El nivel de la deuda dominicana quedaría alrededor de 68.1 % del PIB a final del corriente año 2020, proporción que sería 14.9 puntos porcentuales menor al máximo histórico nivel de endeudamiento experimentado por el país, un 83% de la producción nacional en el 1987.
Ese hasta ahora máximo de endeudamiento lo experimentó República Dominicana “en un entorno de crisis económica que afectó toda Latinoamérica”, explica el Banco Central de la República Dominicana. Indica que “luego de una importante reducción, como fruto de la expansión económica de la década de 1990, la crisis financiera dominicana hace que la deuda pública incremente nuevamente desde 21.9 % del PIB en 2002 hasta 46.9 % del PIB en 2004”.
En un análisis titulado “Pandemia, reactivación económica y sostenibilidad de la deuda”, escrito por el Departamento Internacional y publicado en la sección Página Abierta de la web del BCRD, el órgano emisor destaca que en “la actualidad, la crisis del COVID-19 ha resultado en una caída de la actividad económica-estimada con el IMAE enero-octubre en -7.7 % interanual- que, junto a las medidas fiscales implementadas para apoyar a las empresas, a los hogares, y a los trabajadores, han implicado adiciones presupuestarias que podrían colocar el nivel de deuda dominicana alrededor de 68.1 % del PIB a final de 2020”.
Destaca que a pesar de esta situación, “las tres principales agencias calificadoras mundiales” (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s) han decidido mantener la calificación crediticia de la deuda soberana dominicana. “La decisión de estas agencias no es fortuita y está basada en la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de la economía dominicana, los cuales atribuyen, entre otras cosas, a la diversificación de los ingresos externos y su menor concentración con relación a otras economías dependientes del turismo”, plantea el análisis.
Señala como factor importante que el Gobierno mantiene un manejo activo del portafolio, lo cual incide de forma importante en la estabilidad de la calificación de riesgo, ya que dichas operaciones tienen el efecto de incrementar la madurez promedio del portafolio y disminuir los intereses del endeudamiento.
“Por ejemplo, con la reciente operación de manejo de pasivos, realizada el pasado 8 de diciembre, el Gobierno logró una importante reducción del servicio de la deuda por un monto de US$427 millones en 2021 y una reducción total en el servicio de US$1,132 millones cuando se considera el período 2021-2025. En definitiva, esta operación tendrá como resultado mejorar aún más el perfil de riesgo soberano dominicano”, precisa.
Por otro lado, indica que “las tres agencias calificadoras citadas anteriormente coinciden en señalar que el principal desafío económico dominicano es la aprobación de una reforma fiscal, lo cual redundaría favorablemente en la calificación crediticia y en garantizar la sostenibilidad del endeudamiento”.
Reconoce que en los últimos años, la economía dominicana ha mantenido un déficit estructural del sector público no financiero (SPNF) estable, que promedió 2.1 % del PIB durante el quinquenio 2015-2019. “Pero, la crisis generada por la pandemia podría colocar el déficit del SPNF por encima de 9 % del PIB en 2020 debido a las medidas tomadas, las cuales han sido siguiendo, junto al resto de la economía mundial, la receta de los organismos internacionales de financiamiento de endeudarse para hacer frente a la crisis sanitaria y salvar vidas. Esta es la realidad en la que se encuentran todas las economías del planeta”, detalla.
Cita las estimaciones del FMI que indican que el déficit general público, como porcentaje del PIB, alcanzará 18.7 % en los Estados Unidos, y 11.1 % en Latinoamérica. En el caso específico de la Unión Europea, los países miembros decidieron suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta finales de 2021, con el objetivo de incurrir en déficits más allá de los límites impuestos en el acuerdo, el cual podría rondar 10.1 % del PIB para los países de la Zona Euro, en 2020”.
El análisis del BCRD destaca que ante esta situación, el presidente Luis Abinader convocó el pasado mes de octubre al Consejo Económico y Social (CES) para iniciar las discusiones sobre el pacto eléctrico y fiscal—“ambos entrelazados debido a la incidencia del déficit eléctrico en las cuentas públicas”–, los cuales denominó como “esenciales para las finanzas públicas”. Este pacto, que requerirá el sacrificio de todos los actores en la sociedad-ciudadanos, empresas, y gobierno- deberá considerar el balance entre retornar gradualmente hacia una senda de sostenibilidad fiscal e impulsar la recuperación de la actual crisis económica y sanitaria.
Impulso fiscal requerirá de mucho más ingresos
Expone, asimismo, que “sin lugar a dudas, el impulso fiscal requerirá de mayores ingresos, de financiamiento y de la reducción de gastos que puedan considerarse innecesarios, especialmente si se contempla estabilizar el nivel de endeudamiento, al menos en el mediano o largo plazo”.
“Por ejemplo para estabilizar la relación Deuda/PIB en torno al 70 %, el Gobierno requiere de un balance primario consolidado de 1.8 % del PIB en el largo plazo”, indica apoyado en un gráfico. Agrega que “mientras que, para colocar el nivel de endeudamiento en una trayectoria descendente en el largo plazo, en 60 % del PIB, el balance primario podría rondar entre 2.0 % y 2.3 % del PIB”. Y expresa que para alcanzar un nivel de deuda de 50 % del PIB, similar al observado antes de la crisis pandémica, en un período de 25 años, se podría optar por un balance primario de 2.4 % del PIB”. El análisis indica que el Gobierno dominicano está consciente de su realidad fiscal y sanitaria, y en ese sentido, transita por la dirección correcta, como avalan el FMI y las principales agencias calificadoras de riesgo crediticio. “No se puede perder de vista que este es el momento de apoyar la economía, especialmente aquellos sectores que han sido fuertemente golpeados como el turismo, proveyendo la liquidez necesaria, a través de la política monetaria.
