Tres instituciones del país iniciaron los trabajos que tienen como fin dotar a más de 25 mil privados de libertad de un seguro médico.
Se trata de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Defensor del Pueblo, cuyos titulares realizaron el primer encuentro de colaboración y planificación interinstitucional para estos fines.
La primera mesa de trabajo se desarrolló en la sede del SeNaSa, con la presencia de su director ejecutivo Santiago Hazim, Roberto Hernández Basilio, de la DGSPC, y Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
En la reunión, Santiago Hazim, expuso que la iniciativa propuesta por la Procuraduría General de la República a través de Roberto Hernández Basilio, responsable de la DGSPC, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, permitirá garantizar el derecho fundamental de la Seguridad Social a los privados de libertad, amparado en el artículo 60 de la Constitución.
