El Cairo, 27 sep (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles a las autoridades iraquíes que garanticen la “verdad, justicia y reparación” a las familias de alrededor 500 personas muertas en protestas ocurridas a finales de 2019 en Bagdad y otras ciudades del centro y el sur de Irak en busca de reformas políticas.
En un comunicado, la ONG exigió al Gobierno del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, que revele “la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente durante el movimiento de protesta” que comenzó en el mes de octubre de hace cuatro años.
Según Naciones Unidas, alrededor de 500 manifestantes fueron asesinados en esos episodios violentos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados respaldados por el Estado.
“Los sucesivos gobiernos iraquíes han incumplido sus promesas de garantizar la verdad y la justicia por la violencia estatal (…). El exiguo número de procesamientos e investigaciones demuestra claramente que las autoridades no están interesadas en la rendición de cuentas”, afirmó el investigador de Amnistía Internacional sobre Irak, Razaw Salihy.
En un informe publicado en junio de 2022, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Irak (UNAMI) solo pudo identificar la condena de cuatro “elementos armados no identificados” desde mayo de 2021 y de seis miembros de las fuerzas de seguridad por tiroteos selectivos, asesinatos y abducciones.
Amnistía criticó que los diferentes gobiernos iraquíes desde 2019 formaron comités para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante las semanas de protestas, si bien “ninguno logró ofrecer verdad ni justicia”.
En este sentido, hizo referencia al Comité de Investigación formado por Mustafa al Kazemi, quien asumió el poder en mayo 2020 prometiendo justicia por los asesinatos y desapariciones, pero cuyo gobierno no había hecho ningún progreso concreto cuando abandonó el cargo en 2022.
De la misma forma se refirió al actual gabinete de Al Sudani, quien anunció también un comité de investigación, además de confirmar el pago de reparaciones a las familias de los asesinados, por un importe de diez millones de dinares iraquíes (7.631 dólares) por cada víctima.
Sin embargo, “las reparaciones no sustituyen el establecimiento de la verdad o el enjuiciamiento de los perpetradores, y casi tres años después de su formación, el Comité de Investigación aún no ha publicado ninguna conclusión”, criticó.
Actualmente, la desaparición forzada no es un delito según la legislación iraquí y, por lo tanto, no puede ser perseguida como un delito distinto.
El 6 de agosto de 2023, el Consejo de Ministros iraquí presentó en el Parlamento un proyecto de “Ley de Personas Desaparecidas”, cuyo objetivo es ayudar a los familiares de los desaparecidos a conocer su suerte y tener acceso a reparaciones mediante la creación de una comisión nacional para los desaparecidos.
Sin embargo, este proyecto de ley no tipifica como delito la desaparición forzada ni establece sanciones para los perpetradores, detalló Amnistía en su comunicado. EFE
