Ronald Rojas, fue miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI). Fuente Externa
Ronald Rojas, fue miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI). Fuente Externa

Bogotá, (EFE).– Ronald Rojas, conocido como «Ramiro Durán» cuando comandaba un bloque de las extintas FARC, y ahora lideraba procesos de reincorporación para excombatientes fue asesinado en una finca en la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila (centro), por un francotirador.

Rojas fue miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), instalada para que haya una interlocución con el Gobierno, y con su asesinato ya van, según el partido Comunes, formado por exFARC, 333 firmantes de paz asesinados desde que se rubricó el acuerdo en 2016.

«Ronald Rojas se encontraba en una finca cercana a la ciudad de Neiva, Huila, cuando un francotirador acabó con su vida con dos disparos; una vez sucedido este hecho fue trasladado a la clínica Medilaser, de dicha ciudad, donde no pudieron salvarle la vida», informó Comunes en un comunicado en la última hora del lunes, cuando ocurrieron los hechos.

El firmante de paz se encontraba el lunes por la tarde en la finca de su familia en una zona rural cerca de Neiva y tenía, según reportaron medios locales, un esquema de seguridad incompleto, por lo que, ante el ataque de un francotirador, los escoltas no pudieron reaccionar.

La muerte de este reconocido líder, que comandó el Bloque Sur de las FARC, fue lamentada por muchas personalidades, entre ellas el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien lo recordó como «un líder comprometido con el territorio, con el diálogo y con el proceso de reincorporación».

El partido Comunes, quien tiene representación parlamentaria fija por lo decidido en el acuerdo de paz hasta 2026, denunció la «sistematicidad de estos hechos que obedecen a un plan premeditado del gobierno saliente, que se dedicó durante cuatro años a sabotear e incumplir el Acuerdo de Paz, generando violencia política y estigmatización sobre miles de personas que le apostaron a la paz».

«Le exigimos al Estado colombiano (…) esclarecer estos actos, no solo en sus autores materiales, sino también en quién está dando estas órdenes», apuntó el partido en un comunicado.

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