Caso Odebrecht estremece a Perú

LIMA. El estallido del caso Odebrecht en Perú, con las primeras revelaciones que acusan directamente de recibir sobornos a las más altas instancias políticas del país, amenaza seriamente con dejar en prisión a todos los expresidentes peruanos.

LIMA. El estallido del caso Odebrecht en Perú, con las primeras revelaciones que acusan directamente de recibir sobornos a las más altas instancias políticas del país, amenaza seriamente con dejar en prisión a todos los expresidentes peruanos.Tan solo Fernando Belaúnde (1980-1985) y Valentín Paniagua (2000-2001), ambos fallecidos, quedarían al margen de la larga sombra de sospecha que se cierne sobre las personas que ostentaron la más alta magistratura de la República de Perú, una situación que varios analistas y periodistas del país califican de “traumática”, “confusa” y “vergonzosa”.

Todos los demás, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), o ya está en la cárcel o afrontan investigaciones serias por corrupción o tienen a varios de sus colaboradores más cercanos encarcelados y negociando su cooperación con la Fiscalía para tirar de la manta.

De todos estos, Fujimori es el que menos implicado aparece de momento en el caso Odebrecht, cuyas coimas millonarias comenzaron a darse después de su Gobierno. Sin embargo, Fujimori ya se encuentra en prisión condenado, además de por varios delitos de violación a los derechos humanos, por varios cargos de “peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado”.

Toledo

Estrictamente por el caso Odebrecht, el más implicado de momento es Toledo, después de que el exdirector de la compañía brasileña en Perú, Jorge Barata, confesara a la Fiscalía que pagó 20 millones de dólares al expresidente para ganar la licitación de una carretera. La fiscalía peruana formalizó el lunes una investigación por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias contra el expresidente Toledo. Se trata del primer caso en el que la gigantesca investigación originada en Brasil, y que ha salpicado a una decena de países de Latinoamérica, investiga de manera directa a un expresidente por la supuesta recepción de coimas para permitir que el poderoso conglomerado de la construcción ganara licitaciones de obras públicas.

El siguiente presidente con mayores problemas con la justicia es Humala, quien ya está siendo investigado formalmente por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Sobre Humala y su mujer, Nadine Heredia, pesan sendos impedimentos legales que les obligan a contar con una autorización judicial expresa para ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país.

La acusación sobre ellos es la de haber recibido fondos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista que presidían.

A García, quien ha sido el que más duramente ha cargado públicamente contra “las ratas” y los “fariseos” acusados de recibir coimas de Odebrecht desde su cuenta de Twitter, la trama le está salpicando a través de varios de sus inmediatos colaboradores.
De hecho, los primeros detenidos en el país a causa de las confesiones han sido el que fuera su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y Edwin Luyo, a uno de los responsables de la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a Odebrecht en 2009.

Cuba fue detenido la semana pasada nada más regresar a Perú desde EE.UU., donde se encontraba desde que se hizo público que la Fiscalía peruana y Odebrecht habían llegado a un acuerdo para obtener confesiones en casos de soborno. Ambos detenidos, según sus abogados, están considerando acogerse a la figura de “colaborador eficaz”, que les reduciría la pena a cambio de confesar el delito y brindar información sobre otros implicados.

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