El juicio colectivo que actualmente se desarrolla en El Salvador reúne a cientos de miembros de la Mara Salvatrucha, considerada una de las organizaciones criminales más violentas del continente.
Dentro del proceso destacan 22 líderes de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula que durante décadas dirigió operaciones de asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas y control territorial desde las cárceles salvadoreñas.
Muchos de ellos permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión construida por el gobierno de Bukele y convertida en símbolo de la guerra contra las pandillas.
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La Fiscalía salvadoreña acusa a la estructura criminal de participar en cerca de 29,000 homicidios, además de desapariciones, secuestros, extorsiones y otros delitos cometidos durante años de dominio territorial en El Salvador.
¿Qué son los juicios masivos y cómo funcionan?
Los juicios masivos son procedimientos judiciales donde múltiples acusados son procesados de manera conjunta por pertenecer a una misma organización criminal, política o militar.
Este modelo busca acelerar procesos complejos cuando las estructuras investigadas operan bajo cadenas jerárquicas y mecanismos organizados de mando.
En el caso salvadoreño, el gobierno sostiene que la MS-13 funcionaba como una estructura piramidal donde las órdenes criminales descendían desde la “ranfla” hacia clicas locales distribuidas en todo el país.
Bajo esa lógica, la Fiscalía intenta demostrar que los máximos líderes no solo cometían delitos directamente, sino que dirigían, autorizaban o facilitaban acciones criminales ejecutadas por subordinados.
El principio jurídico utilizado es conocido como “responsabilidad de mando”, ampliamente discutido en derecho penal internacional.
¿Por qué Bukele compara el juicio con Núremberg?
El presidente Nayib Bukele ha defendido públicamente este modelo judicial argumentando que guarda similitudes con los juicios de Juicios de Núremberg realizados entre 1945 y 1946 tras la caída de la Alemania nazi.
En Núremberg, las potencias aliadas juzgaron a 22 altos jerarcas del régimen nazi por crímenes de guerra, genocidio y delitos contra la humanidad cometidos durante el Holocausto.
Aunque muchos acusados no ejecutaron personalmente los asesinatos, fueron considerados responsables por dirigir, ordenar o facilitar la maquinaria criminal del Estado nazi.
Ese mismo criterio de responsabilidad estructural es el que el gobierno salvadoreño dice aplicar contra la MS-13.
Similitudes procesales entre Núremberg y el caso MS-13
1. Procesamiento de estructuras completas
En ambos casos no se juzga únicamente a individuos aislados, sino a organizaciones consideradas responsables de violencia sistemática.
En Núremberg se juzgó la estructura política y militar nazi.
En El Salvador, la Fiscalía busca demostrar que la MS-13 operaba como una organización criminal centralizada.
2. Responsabilidad de mando
Tanto en Núremberg como en el proceso salvadoreño se utiliza el principio de que los líderes pueden ser responsables de crímenes cometidos por subordinados bajo su autoridad.
La acusación sostiene que la “ranfla histórica” dirigía asesinatos, extorsiones y ataques mediante órdenes transmitidas desde prisión.
3. Uso de pruebas documentales y testimoniales
En ambos modelos judiciales se emplean:
- grabaciones,
- documentos,
- testimonios,
- comunicaciones internas,
- cadenas de órdenes,
- informes de inteligencia.
Durante el juicio en El Salvador incluso se han presentado audios donde presuntamente cabecillas ordenaban homicidios y “depuraciones” internas.
4. Impacto político e internacional
Los juicios también poseen un enorme componente simbólico y político.
Núremberg buscó demostrar el colapso del nazismo ante el mundo.
El juicio contra la MS-13 pretende consolidar la narrativa gubernamental de que las pandillas fueron derrotadas.
Las grandes diferencias con Núremberg
Aunque el gobierno salvadoreño hace la comparación, expertos señalan diferencias profundas entre ambos procesos.
Contexto jurídico distinto
Los juicios de Núremberg los realizaron en tribunales internacionales creados tras una guerra mundial y bajo supervisión de varias potencias aliadas.
En cambio, el proceso salvadoreño ocurre dentro del sistema judicial nacional y bajo un régimen de excepción.
Debate sobre garantías procesales
Una de las principales críticas al modelo salvadoreño es que cientos de personas las juzgan conjuntamente, lo que podría dificultar la individualización de responsabilidades penales.
Organizaciones de derechos humanos alertan que algunos acusados podrían condenarlos únicamente por presunta pertenencia a estructuras criminales sin pruebas individualizadas suficientes.
Estado de excepción y detenciones masivas
Desde 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción que ha permitido arrestar a más de 92,000 personas sin necesidad de orden judicial previa.
Diversas ONG aseguran que miles de detenidos podrían ser inocentes o no tener vínculos directos con pandillas.
¿Quiénes son los principales líderes juzgados?
Entre los acusados destacan históricos líderes de la MS-13 como:
- Borromeo Henríquez
- Carlos Tiberio Ramírez
- Dionisio Arístides Umanzor
Todos cumplen largas condenas por homicidios y otros delitos, pero ahora enfrentan nuevas acusaciones ligadas a crímenes estructurales atribuidos a la organización.
También figura en el proceso Élmer Canales, actualmente detenido en Estados Unidos.
El megajuicio refleja uno de los debates más intensos de América Latina: hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad pública.
Para sectores que respaldan al gobierno, el juicio representa el fin de décadas de terror pandillero y una demostración de autoridad estatal.
Sin embargo, organismos humanitarios sostienen que combatir el crimen no debe implicar debilitar garantías constitucionales ni permitir procesos donde la responsabilidad penal colectiva sustituya la responsabilidad individual.
El proceso aún no tiene fecha de conclusión, pero ya se ha convertido en uno de los experimentos judiciales más observados de la región y en un caso de estudio sobre los límites entre justicia, seguridad y poder estatal.
