Managua. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, denunció ayer la existencia de una “tercera fase” de represión en Nicaragua con un carácter “más crudo”, consistente en el uso de las instituciones para criminalizar a los manifestantes.
En una rueda de prensa en la sede de la CIDH, en Washington, Abrão explicó que en la “primera fase”, que duró hasta mediados de junio, hubo una “represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía directamente contra los manifestantes”.
La “segunda fase”, según Abrão, engloba la llamada “Operación Limpieza”, que puso en marcha el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con el objetivo de eliminar barricadas en feudos opositores, pero que se convirtió en ataques de paramilitares y policías contra la población civil.
“Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país”, aseguró Abrão, que ha detectado un “proceso de criminalización de los manifestantes”, tras la reciente aprobación en el Parlamento de una ley antiterrorismo, que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.
“Ha habido -agregó- un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en su contra”.
En esa tercera etapa de represión, Abrão incluyó las denuncias de “secuestros” que ha recibido la CIDH sobre ciudadanos que son detenidos en su casas y descubren que están siendo procesados penalmente cuando llegan a dependencias policiales.
A pesar de esta evolución, Abrão precisó que aún no es posible identificar una “tendencia” y apuntó que la CIDH ha pedido al Estado nicaragüense copias de los expedientes judiciales que se están usando para procesar a los manifestantes para ver si se está usando la nueva ley antiterrorista.
