San Juan, (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, admitió este miércoles, durante un discurso en la Convención Anual de la Asociación de Constructores, que en la isla existe un déficit de vivienda asequible.
Los precios de la vivienda, tanto para alquiler como para compra, se han disparado en los últimos años en la isla, donde cada vez hay más zonas afectadas por la gentrificación y población de bajos recursos que se ve obligada a desplazarse.
Pierluisi mencionó que, sobre los fondos por desastre que maneja el Departamento de la Vivienda, ya se han comprometido más de 7.500 millones de dólares y se han desembolsado 2.200 millones.
«Los estamos invirtiendo en la construcción de miles de unidades de vivienda de alquiler, en la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán María, así como para impulsar el turismo, crear microrredes, revitalizar la economía y apoyar a pequeños y medianos comerciantes», aseguró.
Pierluisi sostuvo que aún con los esfuerzos del Departamento de la Vivienda para trabajar un censo de propiedades abandonadas y estorbos públicos, es evidente que existe un déficit de vivienda asequible.
«Es por eso que hemos destinado una cantidad significativa de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT para la construcción de proyectos de vivienda para alquiler, así como para la compra de proyectos de vivienda planificada», agregó.
Bajo la iniciativa de compra de proyectos, ya han logrado identificar proyectos para la construcción de cerca de 1.300 unidades.
En la próxima ronda, aspiran a conseguir unas 1.700 más, para llegar a las 3.000 unidades de vivienda nueva que se han puesto «como meta mediante el uso de los fondos CBGD-MIT».
«Esta es otra área en la que estamos revisando los topes de costo por vivienda para asegurar que están a tono con los costos actuales y las necesidades de nuestra población», añadió.
Precisamente, el gobernador urgió al Senado a que apruebe el Proyecto de Administración 92 radicado por petición de la industria y que permite que se revisen los topes de costo por vivienda.
Esta medida propone elevar los topes de elegibilidad en unidades de interés social tomando en consideración los aumentos en los costos de construcción.
De hecho, en aras de continuar agilizando la reconstrucción, Pierluisi adelantó que el Reglamento Conjunto 2023, que regula el uso de terrenos, así como el otorgamiento de permisos, está en su etapa final.
