Bogotá, 16 may (EFE).- El exfiscal general de Colombia Eduardo Montealegre dijo este martes en Bogotá que la inteligencia colombiana «sembró evidencias falsas» en el computador decomisado a Andrés Vanegas Londoño, alias «Uriel», jefe guerrillero del ELN, para deslegitimar las protestas sociales durante el Gobierno de Iván Duque.
Montealegre aseguró que dispone de la copia de un «informe de la inteligencia de la fuerza pública colombiana» supuestamente fechado el 5 de octubre de 2020 donde «expresamente se dice que van a sembrar evidencias en el computador de (alias) Uriel», quien fue dado de baja en un operativo militar el 25 de octubre de 2020.
El informe, explicó, demuestra que «antes del operativo» militar llevado a cabo en el departamento del Chocó (oeste) para abatir a alias «Uriel», ya la inteligencia «sabía» dónde estaba el jefe guerrillero y que iba a utilizar el computador para sembrar esas pruebas falsas que valieran al Ejército para otros fines, como deslegitimar las protestas o interferir incluso en asuntos extranjeros.
Precisamente Montealegre dio estas declaraciones en una rueda de prensa donde el excandidato ecuatoriano Andrés Arauz (a quien Montealegre representa) anunció que denunciará de forma política ante el Congreso colombiano al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, por supuestamente interferir «indebidamente» en los comicios de 2021 de ese país con unas pruebas que considera falsas obtenidas en ese ordenador del guerrillero.
Las pruebas supuestamente halladas en el operativo de «Uriel» sirvieron, según Montealegre, a Duque para «deslegitimar» las protestas sociales que inundaron las calles del país durante su mandato.
«ENGAÑAR A LA JUSTICIA NORTEAMERICANA»
Para el exfiscal general, este supuesto informe tiene el agravante de decir que se iban a «sembrar las pruebas para presentarlas ante las autoridades norteamericanas», lo que implicaría que «la inteligencia colombiana siembra pruebas para engañar» a la justicia estadounidense.
En este sentido, Montealegre recordó que «cometer un fraude procesal frente a la justicia norteamericana (…) podría dar lugar a un proceso de extradición contra quienes falsificaron y utilizaron indebidamente esos documentos».
Esta información que, según explicó, pudo corroborar por sí mismo procede de la Revista Raya, medio digital que investigó «el espionaje del Estado colombiano frente a diplomáticos cubanos, venezolanos y otros líderes».
FISCALÍA COLOMBIANA, «POLICÍA POLÍTICA DEL PAÍS»
Durante su intervención, Montealegre se refirió al fiscal Barbosa como el responsable de que la Fiscalía colombiana se haya convertido en la «policía política del país» para «perseguir a dirigentes sociales, sindicales, líderes estudiantiles».
«Todo esto entró básicamente dentro del contexto de injerencia indebida en las elecciones ecuatorianas», agregó el representante en Colombia de Arauz, quien en 2021 fue acusado presuntamente recibir del ELN una contribución para su campaña de 80.000 dólares.
La acusación la formalizaron en febrero de ese año los fiscales generales de Colombia y Ecuador, Barbosa y Diana Salazar a propósito del viaje del primero al país andino para entregar las evidencias que probaban esta financiación, supuestamente derivadas del computador de alias «Uriel».
Consecuentemente, el candidato y ganador de la primera vuelta de los comicios interpuso ante la Fiscalía de Colombia una denuncia penal por la supuesta comisión de los delitos de «falsedad de un documento privado, abuso de autoridad (…) y fraude procesal».
«La Fiscalía general no ha querido investigar la denuncia y las pruebas que presentamos hace más de dos años (…) para poner en evidencia los indicios que indicaban que las afirmaciones de esos aparatos electrónicos (…) incautados en el operativo militar al dirigente guerrillero Uriel se trataba de un montaje realizado por la inteligencia colombiana», insistió Montealegre.
En este litigio, Arauz manifestó que pretende agotar todas las vías judiciales hasta llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la inacción de la propia Fiscalía a la denuncia que tiene en su poder desde 2021. EFE
