Washington, D.C. – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó nuevas normas para los centros de detención de inmigrantes que flexibilizan los requisitos para los contratistas privados, permiten un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para comunicarse con los detenidos y mantienen el pago de un dólar diario por los programas de trabajo voluntario.
Según la agencia, los cambios fueron elaborados en colaboración con los operadores de los centros de detención con el objetivo de reducir la carga administrativa y brindar mayor flexibilidad operativa. Sin embargo, expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que las modificaciones podrían debilitar la supervisión, reducir la rendición de cuentas y empeorar las condiciones de las aproximadamente 60,000 personas que permanecen bajo custodia del ICE.
Michelle Brane, exdefensora del pueblo del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que las nuevas normas eliminan mecanismos de control sin ofrecer mejoras significativas para la protección de los detenidos.
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Entre las principales novedades figura la autorización para que los centros utilicen inteligencia artificial, incluyendo traducción automática e IA generativa, en comunicaciones consideradas «no críticas», como el proceso de admisión, conversaciones informales y la respuesta a quejas de los detenidos.
Especialistas en salud y derechos humanos expresaron preocupación por esta medida, al considerar que las reclamaciones de los inmigrantes pueden involucrar situaciones médicas urgentes y que la normativa no aclara hasta qué punto la IA podría utilizarse en evaluaciones relacionadas con la salud.
Aunque el ICE sostiene que continuará garantizando servicios gratuitos de interpretación y traducción, expertos advierten que la nueva redacción reduce las obligaciones específicas que antes exigían esos servicios.
Las modificaciones también establecen que los centros ya no podrán rechazar a personas detenidas enviadas por el ICE, incluso si presentan condiciones médicas graves que el centro no pueda atender de inmediato. En esos casos, deberán solicitar posteriormente el traslado del detenido a otra instalación o a un hospital.
En materia laboral, la normativa reafirma que los inmigrantes que participan en programas de trabajo voluntario no son considerados empleados, por lo que no tienen derecho a salario ni a prestaciones laborales. Además, prohíbe que los centros paguen más del estipendio mínimo de un dólar por día, práctica que anteriormente era permitida en algunos casos.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles sostienen que esta modificación fortalece la posición legal de empresas privadas que administran centros de detención, como Geo Group y CoreCivic, las cuales enfrentan demandas que alegan que estos programas constituyen trabajo forzoso.
Los cambios llegan en un momento de creciente escrutinio sobre el sistema de detención migratoria, marcado por denuncias de negligencia médica, alimentación insuficiente y un aumento en el número de fallecimientos bajo custodia del ICE.
Si bien algunos especialistas reconocen avances en las normas relacionadas con la prevención del suicidio y la atención de la salud mental, consideran que, en términos generales, la nueva política reduce los estándares de supervisión y protección para la población detenida.
