Los Ángeles. Después de que tres jueces bloqueasen la pasada semana en EE.UU. una medida sobre “carga pública” que entraba en vigor ayer martes, algunos inmigrantes afectados no saben si deben renunciar a unas ayudas que podrían hacerles en un futuro inelegibles a la residencia permanente o la ciudadanía.
La noticia de que jueces federales en los estados de California, Nueva York y Washington ordenaron el viernes pasado bloquear la medida, que haría inelegibles para la residencia permanente a beneficiarios de ciertos programas sociales, dejó en vilo a los miles de posibles afectados.
“Debería sentirme alegre, pero esto es como una tortura que se alarga y que no se sabe cuándo va a terminar”, dijo a Efe una residente de Los Ángeles que se identificó como María y que recibe ayuda pública para su hija indocumentada de 12 años.
Ambas llegaron a Los Ángeles desde Guatemala en 2011 de forma irregular, buscando ayuda para la pequeña que sufre de epilepsia.
La niña ha recibido tratamiento y actualmente está cubierta por un seguro médico con fondos estatales y federales para personas de bajos ingresos (MediCal), que en California también protege a niños indocumentados.
