Las organizaciones de ayuda extranjeras están teniendo dificultades para trabajar en los territorios palestinos ocupados, incluida la devastada Gaza, a pesar de que el tribunal supremo de Israel levantó la prohibición que les impedía operar, según declaró el lunes el director de una de las organizaciones benéficas.
En diciembre, Israel anunció la prohibición de 37 organizaciones no gubernamentales a menos que proporcionaran información detallada sobre su personal palestino, una medida que, según advirtieron las organizaciones humanitarias, reduciría aún más la ya insuficiente ayuda a Gaza.
En febrero, el Tribunal Supremo de Israel suspendió esa prohibición, lo que en teoría permite a las ONG seguir trabajando en Gaza y en la Cisjordania ocupada hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Pero «se seguía rechazando al personal extranjero y se seguían rechazando los suministros», declaró Alan Moseley, director del Consejo Danés para los Refugiados en los territorios palestinos.
Según afirmó, prácticamente ninguna ONG internacional afectada por la prohibición israelí había logrado transportar ayuda a Gaza en los últimos meses.
Un frágil acuerdo de alto el fuego
Aunque se permitió a los camiones comerciales transportar suministros básicos en virtud de un frágil acuerdo de alto el fuego pactado en octubre, estos suelen ser demasiado caros para los habitantes de Gaza después de meses de guerra, afirmó.
Algunas organizaciones benéficas habían logrado entregar ayuda a través de camiones de la ONU a los que todavía se les permitía el acceso, o habían comprado productos directamente en Gaza para distribuirlos.
Pero esto fue «muy difícil» y «muy caro», y algunos bienes vitales, incluidos suministros médicos, fueron muy difíciles de encontrar, añadió.
Según Moseley, Israel seguía bloqueando la entrada de ayuda por valor de «millones de dólares».
«Hay toneladas de suministros retenidos al otro lado de la frontera, en Egipto y en Jordania, y se está invirtiendo una enorme cantidad de energía en intentar desbloquear estos suministros», añadió.
Israel se ha opuesto al llamado material y equipo de doble uso, que, según afirma, podría utilizarse con fines militares.
«Se oye decir que las cosas se pueden usar para fabricar armas o para otra cosa, pero vemos sillas de ruedas, prótesis, material escolar, ropa de niños, todo se puede bloquear», dijo el trabajador humanitario.
– ‘Obligaciones de una potencia ocupante’ –
Moseley afirmó que el Tribunal Supremo de Israel, en una audiencia celebrada el 23 de marzo, dio a las ONG que presentaban peticiones contra la prohibición la oportunidad de revocar su solicitud o de presentar los datos del personal palestino solicitados.
«Pero decidimos no hacerlo y solicitamos un fallo completo del tribunal», dijo.
Las ONG argumentaron que debían proteger los datos de su personal palestino, que ya los habían registrado ante la Autoridad Palestina y que el Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, al exigir la información, «no tiene jurisdicción».
También hicieron hincapié en «la obligación de una potencia ocupante de facilitar la prestación de asistencia humanitaria, no de obstaculizarla», dijo Moseley.
Gaza se encuentra bajo un frágil alto el fuego acordado el pasado mes de octubre, tras dos años de devastador conflicto provocado por el ataque del grupo militante palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
Según un recuento de cifras oficiales israelíes realizado por la AFP, ese ataque provocó la muerte de 1.221 personas en Israel, en su mayoría civiles. Además, milicianos palestinos secuestraron a 251 rehenes.
La campaña militar de represalia de Israel ha causado la muerte de más de 72.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás, cuyas cifras las Naciones Unidas consideran fiables.
