La mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron profundamente escépticos sobre la legalidad de una amplia gama de aranceles de Donald Trump al escuchar el miércoles un caso histórico que podría respaldar —o desbaratar— la agenda económica del presidente.
Miles de millones de dólares en ingresos aduaneros y una palanca clave en las guerras comerciales de Trump están en juego, mientras el panel, dominado por los conservadores, vuelve a lidiar con los intentos del republicano de ampliar los poderes presidenciales.
Los nueve magistrados del Tribunal Supremo están considerando el uso que hizo Trump de los poderes de emergencia para imponer aranceles «recíprocos» a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, así como gravámenes dirigidos a México, Canadá y China por su presunto papel en el flujo ilícito de drogas.
En una audiencia que duró más de dos horas y media, varios jueces conservadores, junto con los tres liberales, cuestionaron si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) que Trump invocó confiere la autoridad para imponer aranceles.
imposición de aranceles
«La ley no utiliza la palabra aranceles», dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la imposición de aranceles equivale a la tributación, que siempre ha sido un «poder fundamental del Congreso».
Los magistrados trataron de aclarar si el Congreso tiene que dar una autorización clara para las políticas con importantes consecuencias económicas o políticas.
El procurador general John Sauer, argumentando en nombre de la administración Trump, dijo que esto no aplicaba dado el amplio y general abanico de facultades inherentes al presidente.
«El presidente Trump determinó que nuestros crecientes déficits comerciales nos han llevado al borde de una catástrofe económica y de seguridad nacional», dijo Sauer.
Sauer trató de plantear la cuestión como una que involucraba el poder de regular el comercio exterior —incluida la capacidad de imponer aranceles— en lugar del poder de recaudar impuestos.
La jueza Sonia Sotomayor, de tendencia liberal, señaló que la facultad de imponer impuestos es una «facultad del Congreso, no una facultad presidencial».
«Ustedes quieren decir que los aranceles no son impuestos, pero eso es exactamente lo que son», dijo Sotomayor.
—Simplemente inverosímil—
El juez Neil Gorsuch, designado por Trump, cuestionó si el Congreso podría recuperar poderes una vez que los delega a la presidencia, sugiriendo que «en la práctica, en el mundo real, nunca podrá recuperar ese poder».
Neal Katyal, representante de las pequeñas empresas que impugnan los aranceles de Trump, afirmó que era «simplemente inverosímil» que, al promulgar la IEEPA, el Congreso «le hubiera otorgado al presidente el poder de reformar todo el sistema arancelario y la economía estadounidense en el proceso».
Sostuvo que la palabra «regular» tampoco se ha utilizado para imponer impuestos.
Pero también surgieron dudas sobre los reembolsos en caso de que se anularan los aranceles de Trump, y la jueza Amy Coney Barrett afirmó que podría ser «un desastre».
La decisión del tribunal, que podría tardar meses en llegar, no afecta a los aranceles sectoriales específicos que Trump impuso por separado, incluidos los aplicados al acero, el aluminio y los automóviles.
Trump ha elevado el tipo arancelario efectivo promedio a su nivel más alto desde la década de 1930 y ha advertido repetidamente de una calamidad si se anulan sus aranceles.
excedido su autoridad
En mayo, un tribunal inferior dictaminó que había excedido su autoridad, y el caso finalmente llegó al Tribunal Supremo.
Trump no asistió a la audiencia del miércoles, pero sí lo hicieron varios altos funcionarios, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
«En los últimos años, el tribunal se ha mostrado reacio a revocar decisiones presidenciales de esta magnitud», señalaron analistas de ING.
Pero añadieron que el resultado es difícil de predecir, ya que «mantener los aranceles de Trump desplazaría el equilibrio de poder del Congreso al Presidente».
Josh Lipsky, del Atlantic Council, señaló que, si bien los jueces se mostraron escépticos, parecían preocupados por las consecuencias de anular los aranceles.
“¿Cómo funcionan los reembolsos?”, preguntó Lipsky. “¿Qué significa esto para la capacidad del presidente para negociar acuerdos en materia de política exterior?”
Aunque los aranceles de Trump no han provocado una inflación generalizada, las empresas afirman que son las que soportan el peso del aumento de los costes de importación.
Los abogados señalaron que si el Tribunal Supremo declara ilegales los aranceles globales de Trump, el gobierno puede recurrir a otras leyes para imponer temporalmente aranceles de hasta el 15 por ciento mientras busca vías para gravámenes más duraderos.
Por lo tanto, es posible que los países que ya han alcanzado acuerdos con Trump prefieran no reabrir las negociaciones.
