Puerto Príncipe.- Las bandas criminales que operan en Haití han desarrollado estructuras armadas con capacidad para defender territorios, vigilar sus alrededores y financiar sus actividades mediante redes de extorsión y secuestro, según explicó Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, durante una entrevista con DW Español.
El investigador describió los bastiones de estas organizaciones como zonas fuertemente vigiladas, con hombres armados y francotiradores en puntos estratégicos. Esta estructura, señaló, ayuda a explicar las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad para recuperar áreas controladas por los grupos criminales.
Da Rin distinguió entre los territorios donde las pandillas ejercen un control consolidado y aquellos donde mantienen enfrentamientos con las autoridades. En los primeros, explicó, las organizaciones disponen de mecanismos de vigilancia que les permiten detectar y responder a los movimientos de las fuerzas de seguridad.
El especialista también sostuvo que el poder de estos grupos ya no depende exclusivamente de objetivos políticos inmediatos, sino de su capacidad para ampliar sus arsenales, reclutar integrantes y fortalecer sus fuentes de ingresos.
Control de infraestructuras y expansión territorial
Según Da Rin, las organizaciones armadas han extendido su influencia sobre puntos estratégicos de Puerto Príncipe, incluidos el principal terminal petrolero y el terminal de contenedores, infraestructuras esenciales para el abastecimiento y el comercio del país.
Desde esas posiciones, indicó, las bandas han ampliado su presencia hacia los departamentos de Artibonite y del Centro, siguiendo rutas que conectan la capital con otras zonas del territorio haitiano.
El control de carreteras y sectores estratégicos les permite limitar la circulación, ejercer presión sobre la población y establecer mecanismos de cobro ilegal a quienes necesitan desplazarse por las vías bajo su influencia.
La expansión territorial representa uno de los principales desafíos para las autoridades haitianas y las fuerzas internacionales desplegadas para apoyar la respuesta contra las organizaciones criminales.
Vínculos históricos con sectores políticos y económicos
Da Rin explicó que el crecimiento de las pandillas no puede atribuirse únicamente a la pobreza o a la debilidad de las instituciones estatales. Según su análisis, durante años algunos políticos y sectores económicos recurrieron a estos grupos para influir en procesos electorales, organizar manifestaciones y presionar a gobiernos rivales.
“Hay un círculo vicioso entre la corrupción, la impunidad y la violencia”, afirmó el especialista durante la entrevista con DW Español.
El investigador sostuvo que, aunque algunas organizaciones surgieron vinculadas a sectores de poder, posteriormente desarrollaron una autonomía que dificulta su control por parte de sus antiguos patrocinadores.
En ese contexto, advirtió que la permanencia de las relaciones entre grupos armados ilegales y sectores influyentes de la sociedad constituye un obstáculo para frenar la violencia.
“Hasta que los vínculos entre grupos poderosos de las élites políticas y económicas y estos grupos armados ilegales no se rompan, los ciclos de violencia van a continuar”, señaló Da Rin.
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Extorsión y secuestros financian a las bandas
El especialista también describió las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales. Entre ellas mencionó los cobros ilegales impuestos a residentes y comerciantes de los barrios bajo su control, así como los secuestros.
A estas actividades se suman los peajes clandestinos establecidos en algunas carreteras, utilizados para obtener dinero de conductores y transportistas que necesitan circular por esos corredores.
Da Rin indicó que el tráfico de drogas y armas también forma parte de las actividades de estas organizaciones, aunque consideró que los cobros ilegales y los secuestros representan fuentes de financiación relevantes para sostener sus operaciones.
Los recursos obtenidos permiten a las bandas mantener hombres armados, adquirir equipos y reforzar su presencia en los territorios que controlan.
Desaparición de cuatro militares salvadoreños
La capacidad de estas organizaciones quedó nuevamente bajo atención internacional tras la emboscada ocurrida el domingo 18 de octubre contra un vehículo blindado en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, en la que desaparecieron cuatro militares salvadoreños.
Los efectivos formaban parte de la Fuerza de Represión de Pandillas y, según explicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desempeñaban funciones de apoyo técnico y evacuación médica, no de combate directo.
Tras el incidente, Bukele exigió que sus compatriotas fueran liberados y advirtió sobre una posible respuesta más severa si no eran recuperados con vida.
“Nuestra misión consiste únicamente en pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra”, expresó el mandatario, según informaciones difundidas por medios internacionales.
Posteriormente, el presidente salvadoreño elevó el tono de sus advertencias ante la falta de resultados en las gestiones para localizar a los militares.
De acuerdo con informaciones publicadas por medios dominicanos, más de 100 integrantes de fuerzas especiales salvadoreñas llegaron a Puerto Príncipe para reforzar las labores de búsqueda. El despliegue se sumó a las operaciones realizadas en sectores como Butte Boyer y Cité Doudoune, vinculados a la actividad de la organización criminal 400 Mawozo.
Hasta las informaciones recogidas en los reportes citados, no se había confirmado el paradero de los cuatro uniformados ni la identidad del grupo que los tendría bajo su control.
La desaparición de los militares ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan las fuerzas desplegadas en Haití, donde las organizaciones criminales mantienen presencia en zonas estratégicas y cuentan con recursos para resistir los operativos de seguridad.
