Irán vive su ola de protestas más violenta en años, tras el colapso del rial frente al dólar y el agravamiento de la crisis económica.
Las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre en mercados de Teherán se extendieron rápidamente a universidades, ciudades principales y pequeñas localidades en 27 de las 31 provincias, impulsadas inicialmente por el alza de precios, inflación y escasez, y luego por demandas contra el régimen.
La respuesta del gobierno ha sido represiva y letal. Organizaciones de derechos humanos reportan al menos 544 muertos, incluidos manifestantes y agentes, y más de 2,300 detenidos.
Las fuerzas de seguridad han usado gases lacrimógenos, munición real y arrestos masivos en las calles, mientras en internet circulan videos de incendio de edificios públicos y choques con policías.
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El gobierno, encabezado por el presidente Masoud Pezeshkian y respaldado por el líder supremo Ali Jamenei, cerró internet, bloqueó llamadas internacionales y advirtió que quienes participen en las protestas podrían ser considerados “enemigos de Dios”, lo que podría derivar en pena de muerte.
Mientras Estados Unidos aseguró que “saldrá a rescatar” a los iraníes si continúa la represión, y la UE evalúa nuevas sanciones, el régimen afirma estar listo para una ofensiva.
Las manifestaciones han llegado a más de 280 localidades, y los activistas en el exilio aseguran que la movilización ciudadana no muestra signos de detenerse.
