El presidente Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, una legislación de más de dos siglos que permite al mandatario desplegar tropas federales dentro del territorio estadounidense para sofocar disturbios civiles. La advertencia surge en medio de las protestas en Portland, Oregón, y de varios desafíos legales a su ofensiva migratoria.
Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump declaró que no dudaría en recurrir a la norma si los tribunales o los gobernadores “retienen” su capacidad de acción. “Tenemos una Ley de Insurrección por algo”, afirmó, señalando que podría utilizarla “si hubiera muertos o caos en las calles”.
¿Qué es la Ley de Insurrección?
Promulgada en 1807 bajo la presidencia de Thomas Jefferson, la Ley de Insurrección otorga al presidente el poder de federalizar la Guardia Nacional o desplegar al Ejército en cualquier estado del país “para restablecer el orden” cuando las autoridades locales no puedan hacerlo. Su raíz está en las Leyes de Milicias de 1792, que definieron el uso de fuerzas estatales en situaciones de emergencia.
La norma funciona junto a la Ley Posse Comitatus de 1878, que impide al Ejército involucrarse en funciones policiales. Sin embargo, al invocar la Ley de Insurrección, esa prohibición queda suspendida temporalmente.
Según el Centro Brennan para la Justicia, se trata de uno de los poderes de emergencia más amplios en manos de un presidente estadounidense. Su aplicación carece de límites precisos, lo que deja al Ejecutivo una gran discrecionalidad para determinar cuándo y dónde desplegar tropas dentro del país.
La última vez que se invocó formalmente la Ley fue en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush envió tropas federales a Los Ángeles para controlar los disturbios tras la absolución de cuatro policías implicados en la golpiza a Rodney King.
Antes, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la utilizaron para hacer cumplir la integración escolar en el sur segregacionista de Estados Unidos.
En el pasado, incluso se ha aplicado sin consentimiento de los gobernadores estatales, aunque la mayoría de los casos respondieron a crisis graves de orden público o derechos civiles.
¿Puede Trump usarla ahora?
Juristas y analistas constitucionales coinciden en que no existen las condiciones legales para declarar una insurrección en ciudades como Portland.
“El uso de la Ley de Insurrección en ese contexto sería claramente ilegal”, advirtió Bruce Fein, abogado constitucionalista citado por Al Jazeera. Fein añadió que el Congreso podría incluso iniciar un proceso de destitución si Trump abusa de esa prerrogativa.
En los últimos meses, Trump ha ordenado varios despliegues de la Guardia Nacional en California, Washington D.C. y Chicago, alegando crisis migratoria y criminalidad.
En algunos casos, lo hizo sin invocar formalmente la Ley de Insurrección, amparándose en el Título 10 del Código Federal, una vía legal que le permite activar tropas en “misiones de emergencia”.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó el despliegue en su estado como una “invasión” y presentó una demanda federal argumentando que el operativo “viola la Constitución y pone en riesgo a la población civil”.
Batalla legal y tensión entre estados y la Casa Blanca
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, rechazó categóricamente la afirmación de que exista una insurrección en Portland. “No hay ninguna amenaza a la seguridad nacional”, dijo, tras conocer que un juez federal bloqueó el envío de 200 efectivos ordenado por la Casa Blanca.
El fallo, emitido por la jueza Karin Immergut, suspendió temporalmente el despliegue de tropas hasta el 18 de octubre, mientras se analiza si el presidente tiene autoridad para actuar sin consentimiento estatal.
El poder presidencial en debate
La falta de estándares claros dentro de la Ley de Insurrección genera una situación en la que el presidente tiene casi poder ilimitado para determinar cuándo y cómo enviar tropas federales. El Centro Brennan subraya que el Congreso debería reformarla para delimitar el uso de la fuerza interna y evitar abusos de poder.
Aunque Trump no ha invocado aún la ley, sus declaraciones recientes y el contexto electoral aumentan el riesgo de militarización política del país, algo que expertos consideran “una línea roja para la democracia estadounidense”.
Con información de Aljezeera y EFE
