Ruanda, que en años ha buscado posicionarse como un socio confiable para Occidente en temas de migración, ha confirmado negociaciones iniciales con el gobierno de Estados Unidos para recibir migrantes deportados de terceros países.
Esta posible alianza recuerda al controvertido y fallido acuerdo entre Ruanda y el Reino Unido en 2022. De concretarse, marcaría un paso importante en los esfuerzos del presidente Donald Trump por externalizar las fronteras migratorias de EE. UU., mientras enfrenta crecientes críticas por sus políticas de deportación.
El gobierno ruandés no ha revelado detalles del posible convenio, pero insiste en su disposición a colaborar con iniciativas que alivien las crisis migratorias globales. A pesar de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y vínculos con conflictos armados regionales, Ruanda mantiene su narrativa de orden y capacidad institucional, lo que podría convertirla en un destino viable para miles de migrantes.
El gobierno de Ruanda confirmó esta semana que mantiene conversaciones con Estados Unidos para acoger a migrantes deportados de terceros países. El canciller Olivier Nduhungirehe declaró que el diálogo aún está en etapa preliminar, aunque se enmarca dentro de la política ruandesa de ofrecer soluciones humanitarias a la crisis migratoria global.
Desde el Departamento de Estado estadounidense se limitaron a reiterar que mantener acuerdos con países socios es fundamental para disuadir la migración irregular, sin confirmar el contenido del posible pacto.
De Londres a Washington: ¿el mismo destino?
Esta no es la primera vez que Ruanda se presenta como solución externa al problema migratorio de una potencia occidental. En 2022, el Reino Unido pactó con Kigali enviar a ese país a solicitantes de asilo.
Sin embargo, el acuerdo fue objeto de duras críticas y enfrentó múltiples bloqueos judiciales hasta ser desechado por el nuevo gobierno laborista británico en 2023, luego de haberse gastado más de 900 millones de dólares sin concretar un solo vuelo.
Ahora, con un enfoque similar, Estados Unidos explora replicar esa fórmula en África, aunque ajustando los errores del modelo británico.
A pesar de sus esfuerzos por mostrarse como un país seguro, la imagen de Ruanda está empañada por denuncias constantes de represión contra opositores, asesinatos extrajudiciales y persecuciones a exiliados. El caso del ciudadano estadounidense secuestrado en Dubái y trasladado a Kigali sin orden judicial es uno de los más emblemáticos.
Asimismo, informes de Naciones Unidas acusan al gobierno ruandés de apoyar militarmente a grupos rebeldes activos en el este del Congo, lo que ha provocado tensiones diplomáticas y suspensión de ayuda internacional por parte de varios países occidentales.
Ruanda, ¿nuevo centro de tránsito?
Desde 2019, Ruanda mantiene un acuerdo con ACNUR para acoger temporalmente a refugiados expulsados de Libia. Su centro de tránsito, con capacidad para 700 personas, ha servido para reubicar a más de 2.400 migrantes. También adaptó un hostal en Kigali para recibir a cien personas más, con la posibilidad de ampliación.
Ruanda asegura que puede asumir los costos de estancia y reintegración de los migrantes hasta por cinco años. Aún no se sabe si estos términos se replicarían en un eventual acuerdo con EE. UU., aunque medios locales hablan de estipendios y programas de inserción laboral financiados por Washington.
Este acercamiento a Ruanda se inscribe en una política más amplia del presidente Donald Trump, quien ha utilizado mecanismos legales extraordinarios como la Ley de Enemigos Extranjeros para facilitar deportaciones masivas.
En marzo, su administración trasladó a más de 200 presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, utilizando acuerdos bilaterales y sin garantías plenas de debido proceso, según sus abogados.
El caso salvadoreño demostró la disposición del actual equipo de Trump para tercerizar la política migratoria y evitar procesos judiciales extensos dentro de Estados Unidos.
