El juez del Tribunal Constitucional,, ha expresado públicamente su profunda preocupación por el nuevo Código Penal que actualmente transita para convertirse en ley. Vargas advierte que el proyecto contiene penas mínimas «muy altas», lo cual, a su juicio, podría restringir significativamente la capacidad de los jueces para decidir sanciones más acordes con la participación real de cada acusado en un delito. Su advertencia fue emitida el 31 de julio de 2025.
La Preocupación por la «Inflación» de Penas
El magistrado manifestó su inquietud a través de la red social X, señalando una «inflación del límite inferior de la pena imponible». Vargas explicó que el nuevo código propone castigos con un mínimo de 10 y hasta de 20 años para algunas infracciones. Esta situación reduce drásticamente la facultad de los jueces para aplicar los criterios de determinación de las penas contemplados en el artículo 339 del código procesal penal dominicano.
Impacto en la Determinación de Sanciones Justas
La objeción principal del juez Vargas radica en que estas altas penas mínimas podrían llevar a la injusticia en casos específicos. Él considera que no sería equitativo aplicar una sanción tan severa a una persona que participó en un delito de manera menos grave. El juez enfatiza que, en ciertas circunstancias, un culpable con participación no relevante podría merecer un castigo de menor drasticidad. Es importante destacar que Vargas no cuestiona los límites máximos de las penas, sino que aboga por un mayor «rango de movilidad» para los jueces al momento de determinar la sanción.
Un Llamado Urgente a los Legisladores
Ante esta situación, el juez Vargas solicita a los legisladores que otorguen mayor flexibilidad a los jueces para imponer sanciones adecuadas a cada caso. Realizó un llamado directo a las cuentas oficiales de la Cámara de Diputados, el Senado, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, instándolos a revisar estos aspectos cruciales antes de la aprobación definitiva de la ley. Esta advertencia surge en un momento clave, ya que los diputados lograron aprobar el cuestionado Código Penal en segunda lectura tras años de intentos fallidos, y el Senado ahora se enfrenta a la decisión de aprobarlo sin cambios o dejar que el proyecto muera.
