El equipo legal de José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, exigió ayer el cierre definitivo del caso que lo mantiene en prisión, al considerar que se trata de “un absurdo jurídico que desacredita el proceso judicial”.
Los representantes legales del exfuncionario afirman que a su defendido se le ha mantenido en prisión preventiva desde hace más de siete meses sin que ningún tribunal le haya revisado la medida de coerción.
Denuncian que ni la revisión obligatoria, que según la ley debe producirse cada tres meses de manera automática, ni la que se ha presentado a solicitud del imputado, se han podido producir durante el proceso.
“La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que representa, desacreditan totalmente el proceso en el caso que nos ocupa. Esto es razón suficiente, no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández sino para el cierre total del proceso en su contra”, expresaron mediante una convocatoria de prensa realizada en el Salón Gerencial del Hotel Radisson, Distrito Nacional.
Los juristas acusan al Ministerio Público de ocultar información
De acuerdo al equipo legal del imputado, “el absurdo jurídico resulta bastante grave porque el Ministerio Público ocultó deliberadamente información vital para la transparencia del proceso judicial”.
Aseguran que en el caso contra Peralta fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un expediente con el que no guarda relación alguna.
“Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre de 2022, con base en las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio, ante los mismos fiscales casi 13 meses antes”, sostienen.
El equipo legal del exministro afirma que esa contradicción deja preguntas imposibles de responder, y actuaciones imposibles de justificar.
Insiste en que la medida de coerción no se justifica
Se recuerda que el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, es imputado en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar. Sus abogados han sostenido en varias ocasiones que la prisión preventiva que cumple el exfuncionario en Najayo, como medida de coerción, desde abril de este año, carece de fundamento.
