Como una violación a las leyes han calificado la decisión del Gobierno de donar más de RD$100 millones como “apoyo solidario” a 70 artistas, tras echar para atrás los contratos que habían hecho con éstos para las fiestas navideñas.
La “solución” de prescindir de los contratos, por haber sido hechos en incumplimiento con la normativa de compras y contrataciones, y dejar el dinero a los artistas, ha empeorado las cosas.
El tema ha tomado ahora un giro legal. El expresidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, explicó que quien recibe indebidamente un pago por un servicio dejado de prestar, se hace cómplice de malversación de caudales públicos y reo de enriquecimiento sin causa.
De la Rosa Tiburcio intimó, mediante acto de alguacil, al coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, para que recupere el dinero donado, a más tardar el 7 de enero próximo, y lo retorne al erario. Dijo que las vías para recuperar el referido monto, van desde la diligencia amigable, embargo retentivo e inmobiliario.
Una situación grave
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) esta situación no es más que la persistencia del irrespeto a la legalidad.
“Eso fue una ilegalidad desde el principio, no solo metieron una pata con el tema de los contratos, sino que tratando de darle una salida al problema creado con esa ilegalidad, han terminado metiendo las dos’’, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, en conversación con este medio.
Castaños Guzmán dijo que en la actualidad todavía se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano.
“Resulta grave que a más de 10 años de haberse promulgado la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, desde la propia gestión estatal se continúen desvirtuando tanto la finalidad de las instituciones, así como los elementos básicos de la norma”, precisó.
Peña Guaba “echó para atrás” a esos contrarios, tras el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, recomendarle el jueves que rescindiera de los mismo, detenga la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos por este concepto. El pasado viernes, Peña Guaba aseguró, en rueda de prensa, que los acuerdos cumplían con la Ley de Compras y Contrataciones, excepto que no se publicó en el portal a tiempo.
Otras reacciones que han surgido por la situación
Otra entidad que ha opinado al respecto, es Participación Ciudadana, que consideró como “poco gracioso” que Peña Guaba decidiera rescindir los contratos sin recuperar el dinero. En ese sentido, Miriam Díaz Santana, directora ejecutiva del movimiento cívico no partidista, dijo que, lo mínimo que se puede hacer es amonestar al funcionario. Afirmó que es difícil comprender la razón por la cual, se decidió, simplemente, donar el dinero.
