El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini afirmó ayer que no convocar a tiempo el proceso constitucional de evaluación y renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) compromete la seguridad jurídica, debilita la independencia judicial y erosiona la credibilidad institucional del país.
Con esa convicción, el Card depositó una instancia de puesta en mora tendente a amparo de cumplimiento contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por no haber iniciado dentro del plazo constitucional el proceso de evaluación, designación, reestructuración o reforma de la actual composición de la Suprema Corte de Justicia, pese a que el período de once magistrados venció el pasado 4 de abril de 2026.
La acción, informó el Colegio de Abogados, no responde a un gesto simbólico ni a una diferencia protocolar, sino que es un llamado firme, institucional y urgente frente a una omisión que, según el gremio, amenaza con vaciar de contenido el mandato constitucional de renovación periódica de las altas cortes y con normalizar una peligrosa cultura de inacción en uno de los ámbitos más sensibles del Estado.
El Card sostiene que la falta de convocatoria del CNM no es un simple retraso administrativo, sino una lesión directa al diseño constitucional que regula la integración, evaluación y continuidad de la Suprema Corte de Justicia. En su escrito, advierte que permitir que una situación de esta naturaleza se prolongue sin respuesta socava principios esenciales como la temporalidad de los cargos, la transparencia del proceso público de selección, la seguridad jurídica y la previsibilidad institucional que la ciudadanía espera de los órganos encargados de preservar el Estado de derecho.
La entidad recuerda que la abogacía no es una profesión indiferente al destino de la justicia. El CARD señaló que, por mandato legal y deontológico, está llamado a defender la independencia judicial, el orden constitucional y la correcta administración de justicia. Por eso, afirma que levantar la voz en este momento no es una opción política ni una postura coyuntural: “es un deber institucional frente a la República”.
Credibilidad del sistema en juego
“Lo que está en juego no es únicamente la renovación de nombres, sino la credibilidad del sistema”, subraya la acción. De acuerdo al Card, cuando el órgano constitucional llamado a convocar no convoca, cuando el procedimiento diseñado para garantizar legitimidad no se activa, y cuando el silencio sustituye al cumplimiento, el daño no recae solo sobre los jueces: “Recae sobre la confianza pública, sobre la imagen del Poder Judicial y sobre el derecho del país a tener instituciones funcionando con apego estricto a la Constitución”.
Es uno de 11 jueces que cumplieron su periodo
El pasado 4 de abril, 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia cumplieron el período de siete años para el que fueron electos, por lo que, a partir de ese día, deben ser sometidos a evaluación para ratificación o sustituidos por el Consejo, como indica la Constitución.
Entre esos jueces se destaca Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Justiniano Montero, Francisco Jerez Mena, Manuel R. Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández, entre otros.
