Son 39 las personas que han depositado sus expedientes ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para ocupar las cinco vacantes del Tribunal Constitucional.
La información fue ofrecida por la magistrada Nancy Salcedo, secretaria del CNM, que anunció que el proceso se extendió hasta el miércoles 1 de noviembre como única prórroga. Los interesados tendrán hasta las 4:00 de la tarde de ese día para presentar postulaciones y propuestas de candidaturas.
“El Consejo Nacional de la Magistratura se reunió ayer, en vista de que la Secretaría recibió múltiples llamadas de personas interesadas que no tuvieron el tiempo suficiente para recabar sus documentaciones, eso lo prevé también la ley, y entonces se decidió de una manera prudente extender este plazo hasta el primero de noviembre a las cuatro de la tarde”, sostuvo Salcedo Fernández.
La también jueza de la Suprema Corte de Justicia agregó que 10 de los 39 inscritos son mujeres. Dijo además, que de los aspirantes, 21 son actualmente jueces del Poder Judicial.
Expresó que, culminada esta primera fase, la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura y quienes integran el equipo de apoyo técnico, tendrán la responsabilidad de verificar los expedientes depositados y realizar todas las indagatorias de lugar para preseleccionar a los postulantes.
“Esto es determinar quiénes cumplen con los requisitos legales y constitucionales para ingresar a la alta corte, de modo que los que superen este filtro, serán eventualmente convocados para entrevistarse en vistas públicas ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Palacio Nacional”, aclaró la magistrada Nancy Salcedo.
En ese orden enfatizó que una vez realizada la preselección, será publicada la lista de quienes hayan superado esa etapa, a partir de la cual la ciudadanía tendrá tres días para presentar objeciones o reparos contra los preseleccionados.
Para ser juez del Tribunal Constitucional el aspirante debe ser dominicano o dominicana de nacimiento o de origen; tener más de 35 años; hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; ser licenciado o doctor en derecho, y haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público, períodos que podrán acumularse.
