Monte Cristi. Fue fijada para el próximo viernes 24 de febrero el conocimiento de la solicitud de medida de coerción realizada por el Ministerio Público en contra de 15 imputados. Los acusa de pertenecer a una red de criminalidad organizada que ejecuta el tráfico de inmigrantes haitianos.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi, Javiera Antonia Gómez, estableció la fecha para la audiencia de medida cautelar contra los acusados en la red. La estructura la desarticularon la madrugada del domingo en la Operación Frontera.

En la solicitud de coerción que depositó el lunes la fiscal titular interina de Montecristi, Dinorah Liberato Rojas, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva. También la declaración de complejidad del proceso.

La petición contempla a 15 imputados por la violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes. El delito está previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. También en los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.

Apresados

En la operación coordinada por la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, hay varios arrestados. Ellos son Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna. Estos han sido identificados como cabecillas de esta red de tráfico de migrantes desde Haití.

Asimismo, en coordinación junto a la fiscal titular de esta jurisdicción, Grimaldi Oviedo Meran, y la también fiscal Yohanny Herrera y la licenciada Giselle González. Recibieron apoyo del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre. Detuvieron a Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul y Santo Valerio Contreras. También a Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta y Anelsy Escarlex Cordero Núñez. Asimismo a María Rafaela Batista de Cordero.

También están imputados miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero. Además de los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

Investigación

Según la investigación que realizó el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses. Esto en complicidad con militares en funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.

En los 16 allanamientos encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Estos permanecían en los centros de acopio clandestinos que usaba la estructura criminal. Luego los transportaban por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.

Entre las evidencias que recolectaron los fiscales a los integrantes la presunta estructura criminal, se destacan: documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego y municiones. También cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes) y celulares. Además, computadoras entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas.

La desarticulación de la organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Montecristi, conjuntamente con la División Especial de Crímenes Transna-cionales (DEIDET), el apoyo en la ejecución de la operación del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la policía Nacional y la ONG Anti Tráfic Beauro Antitrafficking Bureau (ATB).

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