Santo Domingo.– El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Yanibet Rivas, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras Goico; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y los demás imputados en el caso de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
En su decisión, el tribunal no admitió la calificación jurídica de terrorismo ni de contrabando contra el grupo acusado de presunta corrupción administrativa vinculada a un fraude millonario en el contrato de modernización del sistema de semáforos.
Le recomendamos leer:
- Jueza envía a juicio de fondo a Hugo Beras y Jochi Gómez por presuntas irregularidades
- Realizan allanamientos a implicados en caso de contrato del sistema de semáforos
Además de Beras y Gómez Canaán, fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
El auto de apertura a juicio también incluye a las empresas Transcore Latam SRL, Aurix SAS, Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
El caso involucra a 10 acusados y siete sociedades comerciales, quienes enfrentan cargos por coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y delitos de alta tecnología, entre otras infracciones.
El tribunal dispuso mantener las medidas de coerción impuestas contra Hugo Beras y Jochi Gómez, y renovarlas para otros imputados, consistentes en garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
El juicio de fondo constituye la etapa en la que un tribunal examina las pruebas y los argumentos de las partes para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Cronología del proceso
En 2024, el 2 de octubre se ejecutaron los arrestos de los principales imputados, mientras que el 4 de octubre el Ministerio Público depositó la solicitud de medidas de coerción. El 10 de octubre el tribunal impuso dichas medidas.
Posteriormente, el 11 de noviembre de 2024, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó las medidas de coerción, variando la prisión preventiva por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida en los casos de Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani, mientras que a José Ángel Gómez Canaán se le impuso garantía económica en efectivo, junto a las demás medidas.
En 2025, el 7 de mayo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) recusó a la jueza Patricia Padilla, acción que fue rechazada el 14 de mayo por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación.
El 21 de julio de 2025 se otorgó un plazo de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación. El 24 de octubre se depositó formalmente la acusación, y el 17 de noviembre se aplazó la primera audiencia preliminar, concediéndose una prórroga a la defensa.
Entre finales de 2025 e inicios de 2026, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público presentó una querella con constitución en actor civil, solicitando una indemnización de RD$12,707.8 millones.
En 2026, el 9 de febrero la audiencia preliminar fue aplazada por tercera ocasión. El 16 de marzo se inició formalmente su conocimiento, y el 24 de abril la jueza se reservó el fallo.
Finalmente, el 5 de junio de 2026, el tribunal dispuso el envío a juicio de fondo de todos los imputados en el caso.
