La jueza que conoce la audiencia preliminar del caso Coral continúa este lunes escuchando los alegatos de las defensas, entre ellas la del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de ser el cabecilla de una red que desvió miles de millones de pesos de cuerpos castrenses.
Los abogados del mayor general, quien cumple arresto domiciliario, solicitaron a la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la etapa preliminar del caso Coral, inicie desde cero.
En su discurso, con el que busca convencer a la jueza de que la etapa del juicio debe comenzar de nuevo, el abogado Cristian Martínez explicó que hacen la petición para ellos preparar una nueva defensa técnica a Cáceres Silvestre, basada en la querella de la Fundación Alfredo Nobel, en contra de los implicados en el sonado caso de corrupción.
Indicó que como la Fundación no estaba en el proceso desde un principio de la etapa preliminar, ahora deben reformular sus alegatos de defensa.
Sin embargo, a esta petición se opusieron las defensas de algunos de los imputados en el caso, al entender que de acogerse dicha solicitud entonces le retrasaría el proceso judicial que va en un avance de más de un 70% de la etapa preliminar.
Ingrid Hidalgo Martínez, abogada del general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), uno de los principales imputados en el caso de corrupción Coral 5G, dijo que, si la jueza decide acoger la solicitud de empezar desde un principio, entonces solicitarían que lo separen.
“Entendemos que causa un retardo a la defensa de Robiou. No estamos de acuerdo a que se reinicie el proceso. Entendemos que ha pasado suficiente tiempo donde todas las defensas en su 90 por ciento se ha referido al fondo”, explicó la jurista.
Félix Portes, defensor de algunos imputados en este caso, incluyendo al coronel Rafael Núñez de Aza, explicó que la solicitud de que se inicie la etapa preliminar, no tiene ningún tipo de fundamento legal debido a que el Código Procesal Penal establece las causales para reiniciar.
“Es cuando se rompe la inmediación. Aquí no se ha rato la inmediación, es decir, habido una continuidad con la audiencia y no se encuentran presentes ninguna de las causales para reiniciar”, resaltó Portes.
En esta audiencia preliminar la jueza Rivas decidirá si hay pruebas suficientes para que los 30 imputados y 18 empresas acusadas de defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos, pase a juicio de fondo.
El alegado entramado de corrupción, que habría liderado el mayor Adán Cáceres, operó en el Cusep, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como también en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
