La defensa del exministro Donald Guerrero inició este domingo a presentar sus alegatos durante la audiencia de medida de coerción del caso Calamar.
Antes de esto, su abogado, Eduardo Núñez, le dijo a la prensa que las declaraciones de culpabilidad de 10 imputados durante la vista del viernes, en nada afecta al ex titular del Ministerio de Hacienda.
Sostuvo que solo Oscar Chalas Guerrero, exdirector de Casinos y Juego de Azar de Hacienda, implicó al ex funcionario como parte del alegado entramado que habría distraído del erario más de 19 mil millones de pesos, y que este fue destituido de la institución por irregularidades.
«Esa persona fue un funcionario destituido por Donald Guerrero cuando este era director de Casinos en el Ministerio por irregularidades en sus funciones», precisó Núñez.
El jurista cuestionó el valor probatorio de los acuerdo del Ministerio Público y los imputados para que se les varíe la solicitud de prisión preventiva por una medida de coerción menos gravosa.
«Eso es un acuerdo que en su mayoría consiste en di lo que yo quiero que tú digas y así te varió la medida, con asidero jurídico o probatorio ninguno», manifestó.
Núñez también indicó que Guerrero tiene un «sobrado arraigo», que no presenta peligro de fuego ni riesgo de obstaculización a las investigación, y que por lo tanto no debería imponerse prisión preventiva.
Este domingo, la jueza Kenya Romero continúa por tercer día conociendo la audiencia de medida de coerción a los 20 implicados en este proceso judicial por corrupción.
Además de Guerrero, son imputados Gonzalo Castillo, ex titular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial; y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
También, el exdirector de Casinos y Juego de Azar Julián Omar Fernández; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. Como también Agustín Mejía Ávila, Yahaira Brito Encarnación y Aldo Antonio Gerbasi.
Contra estos, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.
Mientras que los que admitieron culpabilidad son el abogado Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa y Marcial Reyes.
También, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Oscar Chalas, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Tras admitir su responsabilidad, el órgano acusador varió su pedimento a favor de estos imputados de prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica.
Los implicados están detenidos desde el sábado 18 de marzo, tras ser arrestados durante la operación Calamar.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
