Hasta el momento, solo bienes decomisados mediante el criterio de oportunidad a los implicados en la denominada Operación Calamar figuran entre los entregados al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide).
A Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña, Ramón Emilio Jiménez Collie, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré y Torres y Grupo Dibefe, SRL corresponden 28 bienes entregados por la Procuraduría General de la República (PGR) al Incabide en relación con los expedientes de corrupción instrumentados del 2020 a la fecha.
Entre esos figuran, un local comercial, tres apartamentos, una villa, una casa y 22 solares ubicados en el Distrito Nacional, Villa Altagracia, La Vega, La Romana e Higüey. Mediante ese criterio de oportunidad, el Ministerio Público recuperaría, en favor del Estado, más de dos mil millones en bienes muebles e inmuebles.
Hasta el momento, el Incabide no ha procesado en su base de datos lo relativo a dinero depositado en la cuenta estatal establecida para esos fines.
El 15 de noviembre la PGR informó que traspasó bienes e inmuebles decomisados en los procesos de corrupción por un valor que asciende a tres mil doscientos cuarenta y dos millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y ocho pesos con treinta y dos centavos (RD$3,242,886,258.32) y un millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos dólares (US$1,417,600.00).
Otros casos de corrupción pendientes
Si bien hay sentencia judicial en lo relativo al caso Antipulpo, donde Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) se declaró culpable y devolvió 27 millones de pesos, un apartamento y una grancera, esos datos no figuran en lo recibido por el Incabide.
Tampoco lo relativo a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos quien también fue condenada, en un juicio a parte, y se le dispuso devolver un apartamento.
De igual modo, queda pendiente de traspaso los decomisados a las más de 30 personas físicas y jurídicas que llegaron a acuerdos con el Ministerio Pública en la denominada Operación Medusa.
Los casos de bienes vinculados al narco
La Procuraduría traspasó bienes vinculados a los casos Quirino Paulino, José David Figueroa Agosto, Ferrer Abad, César el Abusador, Pascual Cordero, entre otros vinculados a criminalidad organizada: narcotráfico y lavado de activos. A saber, apartamentos; casas; edificios; fincas; hotel; inmuebles; locales comerciales; solares; terrenos; villas; aeronaves, vehículos y joyas.
